Identidad, un derecho humano y constitucional

El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional se ha convertido en el ejemplo perfecto de la ineficiencia estatal en Paraguay. Lo que debería ser una función básica del Estado —la emisión de documentos esenciales como cédulas de identidad y pasaportes— se ha transformado en un vía crucis para miles de ciudadanos. Las fallas recurrentes del sistema, combinadas con excusas que rozan el absurdo, reflejan no solo una alarmante falta de capacidad técnica, sino también un desprecio por el tiempo y las necesidades de la población.

Las recientes caídas del sistema han paralizado oficinas en todo el país, dejando a ciudadanos varados en largas filas, a menudo sin obtener una solución concreta. Como si esto fuera poco, las autoridades insisten en minimizar el problema, ofreciendo explicaciones vagas y promesas que nunca se cumplen. Un ejemplo claro de este desprecio hacia el ciudadano fue la reciente afirmación de que “no existen inconvenientes”, mientras cientos de personas no podían realizar sus trámites debido a la caída del sistema. Esta falta de empatía solo aumenta la frustración de los usuarios, que se ven atrapados en un sistema que no responde a sus necesidades.

Más grave aún es la falta de planificación y previsión. La escasez de insumos esenciales para la emisión de documentos es una muestra de una gestión negligente. Si bien problemas como el desabastecimiento de materiales pueden surgir ocasionalmente, su recurrencia revela un patrón de incompetencia que no parece tener fin. A esto se suma el agravante de la burocracia desmedida y la lentitud en los procesos, lo que contribuyen a un clima de frustración y desconfianza en las instituciones públicas. Esta situación es especialmente preocupante en un país donde los ciudadanos ya enfrentan numerosos obstáculos para acceder a servicios básicos.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional, como responsables directos de este servicio, han fallado rotundamente en su deber de garantizar un sistema funcional. Este caos administrativo afecta no solo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también el desarrollo del país, al dificultar trámites fundamentales para la actividad económica y social. No solo es un inconveniente operativo, sino también un obstáculo que limita oportunidades y afecta el bienestar general de la población.

En un país donde la corrupción y la ineficiencia suelen ser la norma, este es otro ejemplo más de cómo los intereses y las necesidades de la población son relegados al último lugar. La falta de compromiso y acción de las instituciones es una afrenta directa al derecho de los ciudadanos a contar con servicios públicos de calidad.

Urge una reforma profunda en la gestión de Identificaciones. Esto incluye no solo la modernización tecnológica del sistema, sino también una supervisión más rigurosa y una rendición de cuentas clara por parte de las autoridades responsables. No hacerlo sería perpetuar un sistema que solo sirve para recordar a los paraguayos la distancia abismal entre sus expectativas y la realidad de sus instituciones públicas, que parecen más enfocadas en justificar sus fallas que en ofrecer soluciones reales a las necesidades ciudadanas.

La identidad, reconocida como un Derecho Humano Fundamental en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y protegida por el artículo 25 de la Constitución Nacional del Paraguay, es la puerta de acceso a todos los demás derechos. Sin embargo, el ciudadano paraguayo sigue enfrentando un desprecio sistemático hacia este derecho esencial. Es hora de poner fin a las excusas y exigir soluciones concretas, efectivas e inmediatas. El país no puede seguir normalizando estos problemas, y las autoridades tienen la responsabilidad ineludible de estar a la altura del desafío que esto representa.