Asociaciones civiles y diplomacia

El equilibrio entre el Estado, mercado, y la sociedad civil es importante para la preservación de la libertad y la democracia; también la integración social, cultural, y legal con la comunidad internacional, mediante organizaciones o fundaciones privadas como actúan como redes descentralizadas para promover temas específicos como la protección de los derechos humanos, el combate a la pobreza y las acciones, la transparencia en la gestión públicas.

A partir del año 1850 en adelante miles de asociaciones civiles nacionales e internacionales fueron las responsables de promover la terminación de la esclavitud (movimiento abolicionista), proteger los derechos intelectuales, luchar por los derechos de la mujer, rescatar la capa de ozono (lo que prevendrá millones de casos de cáncer en las décadas siguientes), defender a los pueblos indígenas, y combatir el cambio climático. Las asociaciones civiles se adelantaron al Estado y al mercado, a los que les resultaba indiferente o directamente conveniente el injusto statu quo.

Sobre la democracia en las Américas, Alexis de Tocqueville observó que “Los americanos de todas las edades, de todas las condiciones y de todos los espíritus se reúnen constantemente en grupos. Además de las asociaciones comerciales e industriales en las que todos participan, hay asociaciones de mil clases: unas religiosas, otras morales, algunas serias, algunas triviales, algunas muy generales y otras muy particulares, algunas grandes y otras pequeñas. Los americanos se asocian para dar fiestas, fundar seminarios, construir albergues, erigir iglesias, distribuir libros y enviar misioneros a las antípodas. Así es como crean hospitales, cárceles y escuelas”. La Constitución paraguaya del año 1870 garantizaba a todos los habitantes de la República el derecho de “asociarse con fines útiles”.

Una realidad en la que el Estado tiene como extensión un sistema de partido único o partido-Estado dominante, y el mercado tiene como extensión medios de prensa hegemónicos que responden fundamentalmente a la necesidad de ser interlocutores permanentes en la mesa del poder de ese mismo Estado autocrático -y cómodos con el estado de cosas – las asociaciones de la sociedad civil es fundamental para preservar un mínimo de capacidad de diálogo con el poder, de contrapeso con el Estado y el mercado en la defensa de los derechos difusos, ante la opresión de las mayorías populares inescrupulosas.

Las asociaciones civiles, importante notar, no se limitan a llenar vacíos dejados por el Estado y un mercado hipercapitalista destructor de la conciencia cívica, sino en tomar la iniciativa en definir prioridades, proponer transformaciones, y competir con el Estado en la definición de preferencias, y en la proposición del contenido de las normas.

“El partido único no es separable de las técnicas de acción sobre las masas. Constituye el órgano de propaganda más perfeccionado de todos. Es un admirable instrumento para modelar la opinión, para formarla, para organizarla, para canalizarla, para dirigirla, Pero la persuasión y la obsesión no bastan siempre, van acompañadas, pues, de la vigilancia y la represión” escribe Duverger.

Nick Robinson, del Centro Internacional para la Legislación de Entidades Sin Fines de Lucro (ICNL) observa: “Toda regulación que afecte los derechos asociativos de una organización sin fines de lucro debe tener un propósito legítimo y ser necesaria y proporcionada. Tampoco debe discriminar a las organizaciones sin fines de lucro frente a otras entidades. Muchas leyes sobre influencia extranjera no solo son demasiado amplias, excesivamente onerosas o se dirigen indebidamente a las organizaciones sin fines de lucro, sino que también es posible que no sean la mejor herramienta para combatir el tipo de influencia extranjera que los legisladores afirman querer abordar”. Además de considerar este tipo herramientas legislativas innecesarias, inefectivas, gravosas, restrictivas, discriminatorias, observa que “tienen estigmatizantes que parecen diseñados no para promover la transparencia, sino para frenar el discurso”.

Las restricciones a la libertad de asociación de la sociedad civil, con leyes gravosas, discriminatorias e innecesarias, terminar por sofocar la libertad de expresión y el derecho a la participación política. La concentración de poder político y económico en un Estado arbitrario y un mercado hipercapitalista en perjuicio de la sociedad civil, crea una comunidad política disfuncional, sin cohesión, que no puede organizarse para identificar problemas, promover soluciones, influir en la defensa de los derechos difusos, y aspirar al bien común.

“Allí donde hay una sociedad civil viva y tolerante, donde los individuos y los grupos forman el tipo de compromisos infrapolíticos que reducen o desafían directamente las posibilidades de dominación, entonces habrá menos que hacer para el Estado; allí donde una sociedad civil tan rica no se materializa, pero todavía es suficiente para hacer posible un Estado, habrá más”. El filósofo Philip Pettit atribuye a la sociedad civil un rol fundamental en la formulación de las normas de cohesión social que mejoran las condiciones de libertad, al minimizar las posibilidades de coerción y dominación por un Estado arbitrario y un Mercado sin límites.

Las asociaciones de la sociedad civil, actuando en forma descentralizada, horizontal, y sobre agendas específicas, contribuyen la diversidad y el pluralismo que Alexander Hamilton observaba como fundamental para preservar el ideal republicano de la libertad: “En una república es de gran importancia no solo proteger a la sociedad contra la opresión de los gobernantes, sino también proteger a una parte de la sociedad contra la otra. Necesariamente, existen diferentes intereses en diferentes clases de ciudadanos. Si una mayoría está unida por un interés común, los derechos de la minoría estarán inseguros. Solo hay dos métodos para prevenir este mal: uno es crear una voluntad en la comunidad independiente de la mayoría que es de la sociedad misma; el otro es incluir en la sociedad tantas descripciones separadas de ciudadanos como para hacer muy improbable, si no impracticable, una combinación injusta de una mayoría del conjunto”.

Y propone Hamilton al propósito: “En un gobierno libre, la seguridad de los derechos civiles debe ser la misma que la de los derechos religiosos. En un caso, consiste en la multiplicidad de intereses y, en el otro, en la multiplicidad de sectas. El grado de seguridad en ambos casos dependerá del número de intereses y sectas, y puede suponerse que esto depende de la extensión del país y del número de personas comprendidas bajo el mismo gobierno”.

Ante el peligro que los derechos fundamentales de las minorías no sean respetadas por mayorías populistas y demagógicas, Hamilton notaba la virtud de tener un control federal sobre las soberanías estatales, algo análogo al control e influencia que el derecho internacional, el derecho supranacional, y el sistema  interamericano de derechos humanos ejerce sobre las soberanías nacionales; en momentos que el término “soberanía” es distorsionado, interpretando erradamente que soberanía no envuelve  interdependencia con otras soberanías, y relacionamiento con una comunidad política internacional cosmopolita y multicultural. El término de ultraderecha “globalista”, apelando a las teorías conspiraticias y la desinformación, pretende retroceder en el tiempo, y detener procesos de integración económica, jurídica y cultural, que la diplomacia debe defender inspirado en la Constitución de 1992 que consagre la protección internacional de los derechos humanos como principio del Paraguay en las relaciones interaccionales.

El desgobierno y la disfuncionalidad a la que puede conducir oprimir a la sociedad civil, y a las minorías y ejes temáticos que ellos representan, y su derecho de participar libremente en el proceso político, acumula poder en el Legislativo en perjuicio del Ejecutivo, al que desgastará hacer cumplir leyes contrarias a los derechos fundamentales de asociación, expresión, participación,  otras defendidas por la sociedad civil, como los derechos difusos de la colectividad. El resorte constitucional que Hamilton atribuye al Ejecutivo en estos casos es el negativo absoluto con el que participa del proceso legislativo, impidiendo la entrada en vigor de leyes odiosas que perjudiquen la legitimidad del Ejecutivo tanto domestica como internacionalmente. Si el Ejecutivo no ejerce el poder de imposibilitar leyes odiosas, Hamilton advierte que las mismas facciones mayoritarias que forzaron la mano del Ejecutivo con leyes impopulares serán las que mañana pedirán su destitución, cuando el clamor de las fuerzas sociales pida que una fuerza separada y externa al poder, desplace al Ejecutivo.

Sobre la cohesión social, el economista Adama Smith escribió “La sociedad, sin embargo, no puede subsistir entre aquellos que están en todo momento dispuestos a herirse y a dañarse mutuamente. En el momento en que comienza el daño, en el momento en que surgen el resentimiento y la animosidad mutuos, todos los lazos que la unen se rompen y los diferentes miembros que la componían se dispersan y, por así decirlo, por la violencia y la oposición de sus afectos discordantes”.