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Oficialismo asegura poder del Congreso

En un polémico movimiento político que ha generado indignación y dudas sobre la legitimidad del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez fue reelegido como presidente del Congreso hasta el 2027, tras un controvertido cambio en el reglamento interno de la Cámara de Senadores. Este ajuste, realizado de manera exprés, permite que el senador Núñez extienda su mandato en un cargo clave de la línea de sucesión presidencial.
Un cambio a medida del oficialismo
El reglamento del Senado fue modificado pocas horas antes de la elección, un hecho que ha sido calificado de “incoherente y antijurídico” por diversas voces, entre ellas, la senadora Yolanda Paredes. “Este cambio debería aplicarse a futuros presidentes, no al actual. Es un circo montado del cual participaron incluso opositores”, afirmó la legisladora, destacando la falta de ética en este tipo de maniobras.
El cambio adelantó el proceso de elección de autoridades del Congreso de julio a diciembre, un acto sin precedentes que pone en duda la legitimidad y transparencia de las decisiones parlamentarias. Según la diputada Johanna Ortega, estos ajustes reflejan una estrategia de manipulación política que podría sentar un peligroso precedente: “Si cada vez que quieren ganar elecciones cambian las reglas, la legitimidad del Congreso queda en entredicho”.
¿Un plan mayor detrás de la reelección?
El contexto político apunta a que esta maniobra no es un simple cambio administrativo, sino parte de un plan más profundo del oficialismo para consolidar el poder. La extensión de la presidencia de Núñez asegura su permanencia en la línea de sucesión presidencial, lo que ha generado especulaciones sobre posibles escenarios futuros en caso de inestabilidad en el Ejecutivo.
Para Paredes, detrás de este nombramiento podría haber intenciones ocultas: “Hay algo grueso detrás de este cambio. Yo creo que están queriendo sostener la línea de sucesión presidencial”. Sus declaraciones resuenan en un Parlamento calificado como el “peor de la historia democrática” por su falta de respeto a las normas y su disposición a modificar reglas a conveniencia.
Un Congreso deslegitimado
La decisión también ha sido duramente criticada por otros sectores políticos y ciudadanos, quienes ven en estos actos una clara erosión de la institucionalidad democrática. La premura por reelegir autoridades y los constantes ajustes normativos debilitan la confianza pública en el Congreso y sientan las bases para futuros abusos de poder.
Ortega advirtió que este precedente podría ser utilizado por cualquier mayoría coyuntural para perpetuar su dominio: “¿Qué impedirá que un grupo mayoritario en diciembre decida reemplazar anticipadamente al presidente del Congreso de turno? Estas maniobras desdibujan la legitimidad del proceso legislativo”.
El poder por encima de las reglas
El oficialismo, una vez más, ha demostrado su capacidad para torcer las reglas a su favor, consolidando su control en el Congreso y asegurando posiciones clave en la sucesión presidencial. Este episodio no solo pone en evidencia la falta de respeto por las normas democráticas, sino que también reafirma el deterioro de la legitimidad institucional en Paraguay.
Mientras tanto, las voces críticas dentro y fuera del Congreso continúan exigiendo transparencia y respeto por las reglas del juego democrático, aunque enfrentan el desafío de una mayoría parlamentaria que parece dispuesta a imponer su voluntad, sin importar las consecuencias.
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