José Oviedo sostuvo que la declaración de emergencia no era necesaria y alertó que la normativa podría permitir reasignaciones presupuestarias y contrataciones con menores controles.
La Cámara Alta aprobó una cuestionada ley que declara emergencia nacional en materia de seguridad vial por un año. Mientras el oficialismo sostiene que busca reducir las muertes por accidentes de tránsito, la oposición advierte que la medida otorgará amplias facultades a la Agencia Nacional de Tránsito para realizar compras excepcionales y habilitar nuevamente sistemas de control como las fotomultas.
Pese a las denuncias, las sospechas sobre el manejo de recursos y la falta de conclusiones definitivas de los órganos de control, el Congreso devolvió a Concepción y Alto Paraná, que están bajo la lupa, la administración de una de las mayores bolsas de dinero público del país.
El legislador advirtió sobre exigencias económicas que alcanzarían los G. 6 millones por cada colegio electoral para cubrir gastos logísticos. También pidió explicaciones al TSJE sobre el manejo de recursos para el proceso electoral.
La Cámara Alta aceptará el rechazo de Diputados al proyecto que buscaba excluir a ambas gobernaciones. El tema se enmarca en la discusión sobre descentralización, control del gasto público y el próximo Presupuesto General.
El presidente del Senado respaldó el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados y sostuvo que el país necesita medidas urgentes para reducir los accidentes de tránsito.
El senador afirmó que el Congreso tiene la última palabra en el Presupuesto General de la Nación y señaló que, si se confirman irregularidades, los recursos administrados por algunas gobernaciones podrían volver al Ministerio de Desarrollo Social.
La falta de dictamen y el temor a un costo político antes de las internas empujan al Senado a dilatar el debate sobre el nuevo cálculo del salario mínimo, mientras trabajadores reclaman una recomposición real y empresarios alertan sobre el impacto en las mipymes.
La legisladora Yolanda Paredes impulsa una reforma del Código Laboral para cambiar el criterio de cálculo del salario mínimo y cuestiona el funcionamiento del Conasam. Asegura que la iniciativa fue postergada durante un año y ahora busca su tratamiento en el Senado.
El senador opositor Rafael Filizzola sostiene que la destitución de la exlegisladora opositora vulneró garantías fundamentales del debido proceso y advierte que una eventual restitución no solo afectará la situación de la misma, sino que marcará un precedente sobre los límites del poder parlamentario y la vigencia de la Constitución.
El escándalo del audio que salpica a Javier Zacarías Irún reabrió el debate sobre el intercambio de favores políticos, cargos y gestiones desde el poder en un Senado golpeado por expulsiones, blindajes y denuncias de uso indebido de influencias. El cartismo ya anunció que no habrá sanciones.
El proyecto que busca eliminar impuestos y tasas a la importación de móviles y equipos destinados a compañías de bomberos voluntarios.
Derlis Maidana defendió la credibilidad de la Justicia Electoral y afirmó que las denuncias de fraude hechas en procesos anteriores fueron "absolutamente infundadas", aunque se mostró a favor de auditorías y controles al sistema.
La institución advirtió que el retraso puede derivar en sanciones económicas.
Las expulsiones y renuncias de Norma Aquino, Javier "Chaqueñito" Vera, Hernán Rivas y Erico Galeano reflejan el creciente hartazgo ciudadano hacia una de las legislaturas más cuestionadas de la era democrática y exponen cómo la presión social, mediática y política comenzó a perforar el blindaje del oficialismo en el Senado.
