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La iniciativa, impulsada por la senadora Lilian Samaniego y acompañada por legisladores de distintos sectores políticos, propone modificar la Ley N.º 45/91 sobre divorcio vincular, estableciendo un mecanismo más rápido y menos costoso para aquellos matrimonios que decidan poner fin a su vínculo de común acuerdo.
Durante el encuentro, Samaniego explicó que la propuesta solo podrá aplicarse cuando ambas partes estén de acuerdo en divorciarse, no existan conflictos relacionados con hijos menores de edad y tampoco haya bienes gananciales pendientes de división. Si alguno de estos requisitos no se cumple, el proceso continuará bajo el procedimiento ordinario previsto en la legislación actual.
La legisladora sostuvo que uno de los principales objetivos del proyecto es garantizar que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos civiles sin afrontar procesos largos y costosos. Añadió que muchas parejas llevan años separadas de hecho, pero no logran regularizar su situación jurídica debido a los elevados costos y la complejidad del trámite.
Otro de los cambios planteados apunta a reducir significativamente el plazo para la publicación de la sentencia de divorcio, que actualmente puede extenderse hasta 60 días, con la intención de acelerar la conclusión del procedimiento.
Samaniego también rechazó las críticas que presentan la iniciativa como un enfrentamiento con la Iglesia Católica y remarcó que el proyecto regula exclusivamente aspectos del derecho civil. Señaló que el matrimonio religioso y el matrimonio civil pertenecen a ámbitos diferentes y afirmó que la propuesta busca garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Asimismo, indicó que ya mantuvo conversaciones con representantes de la Iglesia para explicar el alcance de la iniciativa.
La senadora informó además que encontró una buena recepción por parte del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, teniendo en cuenta que cualquier modificación al procedimiento tendrá impacto directo en el funcionamiento del Poder Judicial.
Durante la audiencia, uno de los puntos que concentró mayor consenso fue el elevado costo que actualmente representa acceder al divorcio. La diputada Johanna Ortega cuestionó que poner fin legalmente a un matrimonio pueda resultar varias veces más caro que celebrar la unión matrimonial.
En la misma línea, la jueza Vivian López explicó que la legislación vigente no establece expresamente el monto del trámite, por lo que se aplica una normativa anterior que fija un costo equivalente a 70 jornales mínimos, lo que representa alrededor de G. 7 millones. Afirmó que las leyes deben adaptarse a las transformaciones sociales y responder a las nuevas realidades que enfrenta la ciudadanía.
Por su parte, la abogada Eliana Amarilla manifestó su respaldo a la propuesta de establecer un límite para los honorarios vinculados al proceso de divorcio. Según lo debatido durante la audiencia, el costo podría rondar aproximadamente G. 1.500.000, sin incluir las tasas judiciales y otros aranceles previstos por la normativa.
Las estadísticas presentadas durante el encuentro reflejan la creciente demanda de este tipo de procesos. Entre 2022 y 2023 se registraron más de 14.000 solicitudes de divorcio, de las cuales más de 7.000 correspondieron a casos de mutuo acuerdo. En 2024 la cifra volvió a ubicarse en torno a los 15.000 expedientes y actualmente existen alrededor de 18.000 pedidos que siguen pendientes de resolución.
El proyecto había sido postergado anteriormente en la Cámara de Senadores, pero el amplio respaldo expresado durante la audiencia pública volvió a instalar el debate sobre la necesidad de actualizar una legislación que lleva más de tres décadas de vigencia y que, según sus impulsores, ya no responde a las necesidades actuales de la sociedad paraguaya.
