El reajuste anual del salario mínimo podría ubicarse por debajo de los G. 70.000 si se aplica exclusivamente el mecanismo vigente basado en la inflación interanual. La proyección reaviva el debate entre trabajadores, empresarios y el Gobierno sobre si el sistema actual refleja realmente el costo de vida de los paraguayos.
El sueldo actual ya no responde a las necesidades de los trabajadores por lo que consideran necesario analizar mecanismos que permitan una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico.
La falta de dictamen y el temor a un costo político antes de las internas empujan al Senado a dilatar el debate sobre el nuevo cálculo del salario mínimo, mientras trabajadores reclaman una recomposición real y empresarios alertan sobre el impacto en las mipymes.
La legisladora Yolanda Paredes impulsa una reforma del Código Laboral para cambiar el criterio de cálculo del salario mínimo y cuestiona el funcionamiento del Conasam. Asegura que la iniciativa fue postergada durante un año y ahora busca su tratamiento en el Senado.
A semanas de la fecha límite para definir el reajuste, sindicatos y empresarios siguen enfrentados mientras aumenta el reclamo para que el Gobierno abandone la fórmula limitada al IPC y responda al deterioro real del poder adquisitivo de miles de familias.
Representantes de los sectores de la producción, la industria y los servicios argumentan que el IPC es el único mecanismo técnico que garantiza previsibilidad económica.
El encuentro entre el Gobierno, empresarios y trabajadores terminó sin acuerdo sobre el reajuste del salario mínimo. Mientras las centrales obreras insisten en un aumento del 22 %, el sector empresarial sostiene que el ajuste debe regirse únicamente por la inflación acumulada.
Desde Fedemipymes cuestionan el enfoque del Gobierno en el estudio del reajuste salarial y advierten que decisiones apresuradas podrían golpear al sector productivo, especialmente a las pequeñas empresas.
Gobierno, empleadores y sindicatos inician reuniones clave en Paraguay, con reclamos de cambios en el método de cálculo ante la pérdida del poder adquisitivo.
El mandatario cuestionó el monto previsto del reajuste y sostuvo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. La determinación quedará en manos del organismo tripartito, mientras crecen las presiones sindicales por una mejora mayor.
El presidente considera insuficiente el incremento proyectado y plantea revisar el mecanismo vigente. Economistas y sectores laborales impulsan cambios para reflejar mejor el costo de vida.
El reajuste previsto para junio rondaría apenas los G. 55.000 a G. 60.000, llevando el salario mínimo a cerca de G. 2,95 millones, mientras sectores obreros advierten que el cálculo basado en la inflación no refleja el verdadero costo de vida, marcado por subas constantes en alimentos, combustibles y transporte.
La difusión de los ingresos de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, generó una ola de cuestionamientos dentro de la propia institución, donde el Sindicato Único de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Trabajo salió al paso con un pronunciamiento crítico que expone el creciente malestar del funcionariado.
La senadora Esperanza Martínez reclamó que el Congreso acelere el estudio de un proyecto de ley que busca modificar el mecanismo de reajuste del salario mínimo, al considerar que los tiempos actuales no responden a la urgencia económica que atraviesan miles de familias.
Una vendedora del Mercado de Abasto cuestionó el posible incremento de G. 61.000 al salario mínimo y afirmó que el monto no responde al aumento sostenido del costo de vida, especialmente tras la suba del combustible y de productos de la canasta básica.
