PolíticaSalario mínimo
La Cámara Alta tenía previsto avanzar en una sesión extraordinaria clave sobre el proyecto que busca cambiar las reglas del cálculo del salario mínimo. Sin embargo, la falta de dictamen en las comisiones asesoras y la ausencia de consenso entre trabajadores, empresarios y Gobierno abrieron la puerta a una nueva postergación, justo en la antesala de las elecciones internas del domingo.
El pleno de la Cámara de Senadores mantiene en agenda para este martes 2 de junio una sesión extraordinaria clave para debatir la modificación del sistema de cálculo del salario mínimo nacional.
Sin embargo, al cierre de esta edición, el tratamiento del proyecto quedó envuelto en un fuerte manto de incertidumbre, debido a que las comisiones asesoras no emitieron dictamen y legisladores del oficialismo ya dejaron entrever que el debate podría ser postergado por 15 o 22 días.
La convocatoria, adelantada debido a las elecciones internas del próximo domingo, buscaba reemplazar el actual modelo basado únicamente en la inflación medida por el Banco Central del Paraguay (BCP) por una fórmula multivariable más integral que permita aumentar el poder adquisitivo de la clase obrera.
Actualmente hay un impase entre los empleadores y la clase obrera en torno al reajuste que debe definirse antes del 15 de junio y que, según la matriz actual, rondaría apenas entre G. 55.000 y G. 87.000, sin llegar a alcanzar los G. 3 millones al mes.
Desde el propio Gobierno reconocen que dicho monto ya no cubre las necesidades básicas de las familias paraguayas, que hoy recurren a las tarjetas de crédito para financiar incluso un plato de comida. De hecho, los precios de la carne y de los alimentos en general se incrementaron ostensiblemente en los últimos dos años.
También se viene trabajando junto al Instituto Nacional de Estadística para revisar el esquema actual y quitar atribuciones al Banco Central, que actúa como juez y parte al fijar la meta de inflación y los delineamientos de la política monetaria, algo muy sugestivo, a criterio de varios analistas.
Ante esta situación de necesidad financiera del promedio de las familias paraguayas, el Ejecutivo analiza aumentar vía decreto el mínimo, pero el reajuste tampoco pasaría de los G. 100.000, mientras la clase trabajadora exige al menos un salario mínimo de G. 3.500.000.
Vale mencionar que hoy día el 60% de los trabajadores opera en el sector informal y ni siquiera llega a percibir el mínimo establecido por ley. Los sectores de la construcción y el agro muestran las mayores falencias, con informalidad por encima del 85% de sus trabajadores, que no cuentan con ningún respaldo social.
El proyecto
El proyecto de ley unifica las propuestas de las senadoras Yolanda Paredes y Esperanza Martínez. La iniciativa apunta a frenar la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora mediante tres ejes fundamentales.
Medición real: El ajuste ya no dependerá solo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general del Banco Central.
Nuevas variables: Se incorporarán el costo de la canasta básica obrera, la productividad del trabajo y el crecimiento del PIB per cápita.
Comisión técnica: La CONASAM sumará al Ministerio de Economía, al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a representantes académicos.
"El cálculo actual es una mentira que hambrea al pueblo"
La senadora de la oposición Esperanza Martínez encendió el ventilador político antes del debate y disparó con munición gruesa contra el actual modelo financiero. Martínez defendió de forma feroz la necesidad de un giro drástico y urgente.
Debate bajo presión
La sesión extraordinaria figura para este martes a las 09:00 horas, pero la falta de dictamen en la Comisión de Legislación y la ausencia de acuerdo político dejaron el tratamiento en el aire. El senador cartista Derlis Maidana sostuvo que se necesita "un amplio debate" y admitió que no existe consenso entre los sectores involucrados.
El sector empresarial ya expresó su preocupación por el impacto de la reforma en los costos operativos de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), mientras que las centrales sindicales defienden el cambio como una deuda histórica con el bolsillo de los trabajadores.
A solo cinco días de unas elecciones internas que definirán el futuro político de los partidos, el Senado huele el miedo en las urnas.
Fuentes legislativas admiten bajo cuerda que nadie quiere cargar con la cruz de congelar el bolsillo popular antes de que la ciudadanía vote el domingo. Pero la falta de dictamen también le da al oficialismo una salida política para patear el debate hasta después de las internas.
Este debate exprés no es casualidad: aprobar la reforma podía convertirse en un escudo perfecto contra el temido "voto castigo". Pero postergarla también expone a los legisladores a quedar atrapados entre la presión de los trabajadores, el temor empresarial y la calculadora electoral.
El eventual dictamen marcará el rumbo de la economía local para el segundo semestre del año.
Así, el Senado tiene en sus manos el detonador de un nuevo orden financiero, aunque todo indica que la bomba podría quedar desactivada, al menos por ahora, hasta después de las elecciones internas.
Para los trabajadores, la reforma se vende como la salvación ante una inflación asfixiante; para el sector privado, representa la crónica de una muerte anunciada que empujará a miles de negocios hacia la quiebra o la informalidad absoluta.
En este juego de ruleta rusa legislativa, solo una cosa es segura: la postergación o el tratamiento del proyecto no dejarán prisioneros y las réplicas de este terremoto político-económico se sentirán con fuerza en las urnas el próximo domingo.
