El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) enfrenta uno de los debates más tensos de los últimos años. El sector empresarial ratificó su postura de aplicar estrictamente la ley vigente ante el anuncio oficial de una posible modificación de la fórmula utilizada para reajustar el salario mínimo.
El encuentro entre el Gobierno, empresarios y trabajadores terminó sin acuerdo sobre el reajuste. Mientras las centrales obreras insisten en un aumento del 22 %.
Normativa actual
La normativa actual establece que el reajuste salarial debe realizarse únicamente sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado, medido por el Banco Central del Paraguay (BCP). Sin embargo, desde el propio Gobierno reconocen que este índice no refleja la realidad social de los hogares paraguayos, que hoy recurren incluso al financiamiento con tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos de alimentación, debido a que los ₲ 2,9 millones del salario mínimo actual no alcanzan para cubrir las necesidades esenciales.
De hecho, el promedio de ingresos de los paraguayos apenas alcanza los G. 2,7 millones; casi la mitad de la población económicamente activa ni siquiera percibe el salario mínimo legal y solo alrededor del 20% de los trabajadores accede al seguro social.
Representantes de los sectores de la producción, la industria y los servicios argumentan que el IPC es el único mecanismo técnico que garantiza previsibilidad económica. Sostienen que modificar esta fórmula mediante decreto generaría un fuerte impacto sobre los costos del sector formal.
Desde la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) señalan que "un decreto no puede estar por encima de la ley", en alusión a la posibilidad de que el reajuste salarial se defina mediante un nuevo cálculo impulsado por decreto, cuyos detalles aún no fueron dados a conocer.
En la vereda opuesta, el descontento de los trabajadores organizados sigue en aumento. Los sindicatos sostienen que la inflación medida por el BCP está desconectada del costo real del transporte público, los combustibles y la canasta básica de alimentos.
Las centrales obreras exigen una reforma estructural que eleve el salario mínimo a, por lo menos, ₲ 3.500.000. Los trabajadores argumentan que la medición oficial no refleja la realidad del bolsillo ciudadano.
Tensión creciente
La tensión escaló luego de que la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica acusara públicamente al BCP de "maquillar" las cifras de inflación, indicador que, a su vez, determina el porcentaje del reajuste salarial.
Si se toma como referencia el IPC, el salario mínimo se reajustaría apenas en ₲ 50.000, una cifra que muchos consideran insuficiente frente al fuerte encarecimiento de los productos de la canasta básica, especialmente de la carne.
Mientras tanto, el Gobierno evalúa datos de la encuesta de ingresos y gastos elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, con el objetivo de modernizar la estructura de la canasta básica familiar para los próximos años.
La decisión final podría determinar el rumbo de la inflación y la estabilidad del mercado laboral paraguayo en el corto plazo.
Las negociaciones formales avanzarán contrarreloj durante las próximas semanas, ya que la Conasam tiene como plazo límite el 30 de junio de 2026 para elevar su propuesta final de reajuste al Poder Ejecutivo.


