La reunión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam), realizada entre representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores, concluyó sin alcanzar un consenso sobre el reajuste salarial que regirá este año. Pese a las diferencias, el Ministerio de Trabajo aseguró que antes del 15 de junio se tendrá una posición definitiva para elevar una recomendación al Poder Ejecutivo.
Al término del encuentro tripartito, el viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó que las conversaciones continuarán en los próximos días y que el sector empresarial presentará formalmente su respuesta a la propuesta sindical de aumentar el salario mínimo en un 22 %.
Aunque el empresariado ya adelantó su rechazo a ese planteamiento, las partes acordaron seguir dialogando sobre las alternativas posibles y el alcance legal de un eventual reajuste que no tome exclusivamente como referencia el Índice de Precios del Consumidor (IPC).
"La intención nuestra es que antes del 15 de junio podamos tener una posición definitiva en cuanto a la recomendación que se dará al Ejecutivo sobre el reajuste", señaló Segovia tras la reunión.
Desde el sector obrero, Bernardo Rojas sostuvo que esperan que el próximo encuentro sea decisivo y permita cerrar las negociaciones. "La idea es que en la siguiente reunión se defina el partido", expresó, cuestionando que hasta ahora solo se hayan intercambiado posturas sin avances concretos.
Las centrales sindicales reclaman un incremento del 22 %, equivalente a aproximadamente 647.000 guaraníes adicionales sobre el salario mínimo vigente. Según Rojas, el ajuste responde a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y no representaría un impacto significativo para las empresas.
"Eso no les hace nada a los empresarios, no es mucho", afirmó el dirigente sindical, quien además recordó que el sector impulsa la desindexación del salario mínimo de los impuestos, una iniciativa que, según indicó, ya está siendo analizada por el Ejecutivo.
Por su parte, el representante del sector empresarial, Enrique Vidal Lovera, reiteró que la posición de las empresas es respetar el mecanismo establecido por la legislación actual, que dispone que el reajuste salarial se base en la inflación interanual acumulada.
La discusión se mantiene abierta en medio de expectativas sobre el porcentaje final que será recomendado al presidente de la República, en un contexto marcado por reclamos de recuperación del poder adquisitivo y advertencias empresariales sobre el impacto económico de un incremento mayor al previsto por la ley.