La iniciativa apunta a incorporar nuevos criterios que permitan reflejar con mayor precisión la pérdida del poder adquisitivo y el costo real de vida de los trabajadores.
La decisión del presidente llevó al Consejo de Estado a pedir al Gobierno que emita un nuevo decreto que justifique técnicamente ese aumento
El presidente de la República, Santiago Peña, instruyó a su Gabinete Social a acelerar las gestiones para que la población sienta de manera más directa en sus bolsillos los beneficios de la estabilidad macroeconómica que atraviesa el país.
Adelantó esta iniciativa durante un discurso a la nación retransmitido con motivo de la festividad de Navidad, en el que destacó que el país latinoamericano contará "por primera vez" con un sueldo mínimo fijo por ley.
El aumento será del 13% y el nuevo horario será de 40 horas semanales hasta el 2030.
El país se ubica con apenas 167 dólares mensuales, según datos de Statista 2025. La cifra contrasta con Uruguay, líder con 475 dólares, y refleja las dificultades estructurales de su sistema previsional, marcado por la baja cobertura y la dependencia de aportes limitados del sector formal.
La propuesta plantea que la variación anual se determine en función del índice que resulte mayor entre el IPC general y el de alimentos, con el objetivo de reflejar mejor el costo de vida de las familias trabajadoras.
La medida está vigente desde el 1 de julio de 2025 y establece un incremento del 3,6% del salario mínimo, conforme al Decreto N.º 4.122 del 27 de junio del corriente año.
El reajuste del 3,6%, basado en la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), establece un salario mínimo mensual de G. 2.899.048.
El presidente se refirió a la recomendación de la Conasam de actualizar el salario mínimo, según la inflación.
Autoridades muestran poca empatía en un país con muchas necesidades donde son unos pocos los que ya "están mejor".
La promesa de que el salario mínimo debe garantizar una vida digna se volvió letra muerta, dice economista.
El documento del órgano tripartido fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y entrará a regir desde julio.
El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, reconoció que muchas veces el indicador no es comprendido por la ciudadanía.
