Desde Fedemipymes cuestionan el enfoque del Gobierno en el estudio del reajuste salarial y advierten que decisiones apresuradas podrían golpear al sector productivo, especialmente a las pequeñas empresas.
Gobierno, empleadores y sindicatos inician reuniones clave en Paraguay, con reclamos de cambios en el método de cálculo ante la pérdida del poder adquisitivo.
El mandatario cuestionó el monto previsto del reajuste y sostuvo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. La determinación quedará en manos del organismo tripartito, mientras crecen las presiones sindicales por una mejora mayor.
El presidente considera insuficiente el incremento proyectado y plantea revisar el mecanismo vigente. Economistas y sectores laborales impulsan cambios para reflejar mejor el costo de vida.
El reajuste previsto para junio rondaría apenas los G. 55.000 a G. 60.000, llevando el salario mínimo a cerca de G. 2,95 millones, mientras sectores obreros advierten que el cálculo basado en la inflación no refleja el verdadero costo de vida, marcado por subas constantes en alimentos, combustibles y transporte.
La difusión de los ingresos de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, generó una ola de cuestionamientos dentro de la propia institución, donde el Sindicato Único de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Trabajo salió al paso con un pronunciamiento crítico que expone el creciente malestar del funcionariado.
La senadora Esperanza Martínez reclamó que el Congreso acelere el estudio de un proyecto de ley que busca modificar el mecanismo de reajuste del salario mínimo, al considerar que los tiempos actuales no responden a la urgencia económica que atraviesan miles de familias.
Una vendedora del Mercado de Abasto cuestionó el posible incremento de G. 61.000 al salario mínimo y afirmó que el monto no responde al aumento sostenido del costo de vida, especialmente tras la suba del combustible y de productos de la canasta básica.
La iniciativa apunta a incorporar nuevos criterios que permitan reflejar con mayor precisión la pérdida del poder adquisitivo y el costo real de vida de los trabajadores.
La decisión del presidente llevó al Consejo de Estado a pedir al Gobierno que emita un nuevo decreto que justifique técnicamente ese aumento
El presidente de la República, Santiago Peña, instruyó a su Gabinete Social a acelerar las gestiones para que la población sienta de manera más directa en sus bolsillos los beneficios de la estabilidad macroeconómica que atraviesa el país.
Adelantó esta iniciativa durante un discurso a la nación retransmitido con motivo de la festividad de Navidad, en el que destacó que el país latinoamericano contará "por primera vez" con un sueldo mínimo fijo por ley.
El aumento será del 13% y el nuevo horario será de 40 horas semanales hasta el 2030.
El país se ubica con apenas 167 dólares mensuales, según datos de Statista 2025. La cifra contrasta con Uruguay, líder con 475 dólares, y refleja las dificultades estructurales de su sistema previsional, marcado por la baja cobertura y la dependencia de aportes limitados del sector formal.
La propuesta plantea que la variación anual se determine en función del índice que resulte mayor entre el IPC general y el de alimentos, con el objetivo de reflejar mejor el costo de vida de las familias trabajadoras.
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