EconomíaAnálisis
El reajuste del salario mínimo que será definido en junio vuelve a instalar un debate que ya dejó de ser técnico para convertirse en un reclamo social abierto: cuánto sube el salario y, sobre todo, cuánto realmente alcanza. Con el mecanismo vigente basado en la inflación, las proyecciones actuales indican que el incremento rondaría apenas entre G. 55.000 y G. 60.000, lo que llevaría el ingreso mínimo de G. 2.899.048 a cerca de G. 2.954.000, un ajuste inferior al 2% si se aplicaran hoy los datos del Índice de Precios al Consumidor.
Sin embargo, ese cálculo —que por ley debe definirse en junio con base en la inflación interanual— es precisamente el centro de las críticas. El sistema vigente, aplicado desde 2016, establece que el aumento se determine exclusivamente por el comportamiento del IPC, una herramienta pensada para medir estabilidad macroeconómica, pero cada vez más cuestionada por no reflejar el costo real de vida de los sectores de menores ingresos.
En la práctica, la brecha es cada vez más evidente. Mientras la inflación general se mantiene relativamente baja —con registros interanuales en torno al 2%—, los productos que más impactan en el día a día de los trabajadores muestran subas mucho más pronunciadas. Alimentos, transporte y servicios básicos vienen empujando el gasto cotidiano, generando la percepción de que el salario pierde poder adquisitivo aunque los indicadores oficiales muestren estabilidad.
Ese desfasaje es reconocido incluso dentro del propio Gobierno. Autoridades admiten que el IPC no refleja la realidad de consumo de los sectores más vulnerables y que la canasta utilizada para su cálculo incluye productos que no forman parte del gasto habitual de una familia que vive con uno o dos salarios mínimos. En ese contexto, se analiza modificar la fórmula para incorporar variables como el crecimiento económico o dar mayor peso al índice de alimentos, en un intento por acercar el reajuste a la economía real.
Del lado de los trabajadores, el reclamo es mucho más contundente. Las centrales obreras sostienen que el ajuste anual quedó completamente rezagado frente al costo de vida y plantean aumentos de hasta el 20%, lo que llevaría el salario mínimo a niveles cercanos a los G. 3.500.000. El argumento es claro: el mecanismo actual no solo es insuficiente, sino que consolida la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
Incluso informes sindicales elevan aún más la brecha y sostienen que el salario mínimo debería duplicarse para cubrir efectivamente la canasta básica, que —según sus estimaciones— supera ampliamente el ingreso actual. A esto se suma el impacto de factores como el encarecimiento de combustibles, que arrastra costos de transporte, y el aumento sostenido de alimentos, que golpea con mayor fuerza a los sectores de ingresos bajos.
Así, el escenario que se perfila para junio es el de una tensión creciente entre un ajuste legal que seguirá atado a la inflación y una presión social que exige una recomposición real del ingreso. La discusión ya no gira únicamente en torno al porcentaje del aumento, sino al modelo mismo que define el salario mínimo en Paraguay.
Porque mientras el mecanismo garantiza que el salario suba todos los años, la percepción dominante es otra: el ingreso mínimo se actualiza en los papeles, pero en la vida cotidiana sigue quedando lejos de cubrir el costo real de vivir.
