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El reajuste del salario mínimo legal entra en una etapa decisiva, con expectativa creciente sobre el decreto que debe firmar el presidente Santiago Peña para definir cuánto ganarán desde julio los trabajadores del sector privado. La discusión dejó de ser un simple cálculo técnico atado a la inflación y pasó a convertirse en una pulseada política, social y económica, en un país donde el costo de vida sigue presionando fuerte sobre las familias y donde el ingreso mínimo ya no alcanza para cubrir con holgura las necesidades básicas.
Una decisión que puede salir en cualquier momento
El Consejo Nacional de Salarios Mínimos debe remitir al Poder Ejecutivo su recomendación sobre el reajuste que regirá desde el 1 de julio. Sin embargo, la definición final quedará en manos del presidente Santiago Peña, quien deberá oficializar el nuevo monto mediante decreto.
El salario mínimo vigente es de G. 2.899.048. Si se aplica estrictamente la fórmula tradicional basada en la inflación interanual, que se ubicó en 2,4%, la suba sería de apenas G. 69.577, con lo cual el nuevo piso salarial pasaría a G. 2.968.625.
Ese monto es considerado insuficiente por el sector obrero, que sostiene que el cálculo ya no refleja la realidad del trabajador paraguayo. Los sindicatos reclaman un aumento mucho mayor, cercano a los G. 647.000 o G. 653.000, con el argumento de que el salario perdió poder adquisitivo durante años frente al avance del costo de vida.
El Gobierno abre la puerta a un aumento superior al cálculo técnico
La expectativa aumentó luego de que el diputado Hugo Meza adelantara que Peña prepara una "señal enorme" para los trabajadores. Según el legislador, el presidente no estaría conforme con los cálculos que se vienen aplicando y analiza otros parámetros para fijar el reajuste.
Meza afirmó que el Ejecutivo tiene la potestad de definir el salario teniendo en cuenta factores que, a su criterio, la comisión técnica no incorpora suficientemente. También sostuvo que la decisión podría acercarse más al reclamo obrero que al planteamiento empresarial, aunque evitó revelar el monto final.
Sus declaraciones alimentaron la posibilidad de que el decreto presidencial establezca una suba por encima del IPC, rompiendo con la lógica de los últimos años, en los que el aumento fue prácticamente automático y limitado al índice de inflación.
Obreros hablan de pérdida del poder adquisitivo
Las centrales sindicales vienen insistiendo en que el reajuste por inflación es una "burla" para el trabajador. El dirigente Aldo Snead planteó que la pérdida del poder adquisitivo ronda niveles cercanos al 30% y que, por eso, un aumento de G. 60.000 o G. 70.000 no representa ningún alivio real.
El sector obrero sostiene que el salario mínimo debe recuperar terreno frente a los precios de alimentos, combustibles, servicios, transporte y otros gastos cotidianos. En ese sentido, remarcan que el problema no se limita al número final del reajuste, sino a la capacidad real de compra del ingreso familiar.
Bernardo Rojas, de la CUT-A, también había planteado que el salario actual debería ubicarse por encima de G. 3.500.000 para recuperar parte del valor perdido. Ese cálculo se apoya en la comparación entre la evolución histórica del salario mínimo y la inflación acumulada durante décadas.
Empresarios defienden prudencia y ajuste por IPC
Del otro lado, los empresarios rechazan una suba elevada y defienden que el reajuste debe mantenerse dentro de criterios técnicos. El sector empleador sostiene que un aumento brusco podría trasladarse a precios, afectar a pequeñas empresas y generar presión adicional sobre la informalidad laboral.
La Unión Industrial Paraguaya recordó que el salario mínimo funciona como una referencia base y que cualquier modificación debe realizarse con estadísticas claras. Para el empresariado, el dato de inflación del Banco Central debe seguir siendo el principal parámetro.
Esa postura choca con el reclamo de los trabajadores, que consideran que la inflación oficial no refleja plenamente el encarecimiento real que sienten los hogares en supermercados, estaciones de servicio, mercados barriales y farmacias.
La pulseada llega en un contexto económico sensible
La definición del salario mínimo se da en un momento de fuerte sensibilidad social. Aunque los indicadores macroeconómicos muestran estabilidad, el ciudadano común enfrenta otra realidad: combustibles caros, alimentos que no bajan, alquileres elevados, servicios cada vez más pesados y una canasta básica que absorbe gran parte del ingreso mensual.
Para miles de familias, el salario mínimo no es una referencia estadística, sino el ingreso concreto con el que deben pagar comida, pasaje, luz, agua, medicamentos, cuotas y deudas. Incluso hay una franja importante de trabajadores informales que ni siquiera llega a cobrar el piso legal.
Por eso, el eventual aumento superior al cálculo tradicional podría convertirse en una señal política fuerte del Gobierno hacia el sector trabajador, especialmente después de años de reajustes considerados insuficientes por los sindicatos.
Los antecedentes recientes
En 2024, el salario mínimo tuvo un reajuste de 4,4%, equivalente a G. 117.936, y quedó en G. 2.798.309. En 2025, el aumento fue de 3,6%, equivalente a G. 100.739, con lo cual el monto llegó a los actuales G. 2.899.048.
Para este año, la fórmula automática arroja un incremento menor: G. 69.577. Ese número es precisamente el que encendió el conflicto, porque para los trabajadores está lejos de compensar el deterioro acumulado del poder adquisitivo.
Peña ante una definición política
La decisión final tendrá un peso que va más allá del decreto. Si Peña mantiene el cálculo del IPC, el Gobierno quedará alineado con la posición empresarial y con la ortodoxia técnica. Si eleva el monto por encima de ese parámetro, enviará una señal directa al sector trabajador y asumirá el costo político y económico de una decisión más audaz.
El debate ya no gira solo en torno a cuánto subirá el salario mínimo, sino sobre qué lectura hará el Ejecutivo de la realidad económica de las familias paraguayas. En un país donde el sueldo apenas alcanza y donde una gran parte de la ciudadanía vive ajustando cada guaraní, el nuevo monto será observado como una prueba concreta de sensibilidad social.
La expectativa está instalada. El decreto puede conocerse en cualquier momento y marcará si el reajuste será apenas una actualización formal o una respuesta más cercana al golpe que viene sintiendo el bolsillo paraguayo.
