EconomíaCifra de mayo es de 0,1%, según el BCP

La inflación acumulada de 2,4%, dejaría el salario mínimo en apenas G. 69.577 desde julio

El reajuste anual del salario mínimo podría ubicarse por debajo de los G. 70.000 si se aplica exclusivamente el mecanismo vigente basado en la inflación interanual. La proyección reaviva el debate entre trabajadores, empresarios y el Gobierno sobre si el sistema actual refleja realmente el costo de vida de los paraguayos.

2 Junio de 2026
2 Junio de 2026
Reajuste de salario mínimo en plena polémica.
Reajuste de salario mínimo en plena polémica. Foto: Referencia/archivo.

El próximo reajuste del salario mínimo vuelve a instalar una discusión recurrente en Paraguay: ¿alcanza el aumento basado en la inflación para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores?

Según estimaciones realizadas a partir de una inflación acumulada de 2,4%, el salario mínimo legal tendría un incremento de apenas G. 69.577 desde julio próximo. De concretarse ese escenario, el ajuste sería uno de los más bajos de los últimos años y volvería a poner en cuestión el mecanismo utilizado para actualizar los ingresos laborales. 

Actualmente, el salario mínimo se encuentra en G. 2.899.048 y la legislación establece que el reajuste debe calcularse tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medida por el Banco Central del Paraguay (BCP). Bajo ese criterio, el aumento proyectado apenas superaría los G. 69.000. El BCP reportó en 0,1% la inflación del mes de mayo.

La cifra genera cuestionamientos principalmente desde los sectores sindicales, que sostienen que la inflación oficial no refleja el verdadero encarecimiento de bienes y servicios esenciales para las familias trabajadoras. Los representantes de los trabajadores vienen reclamando una revisión más profunda del sistema de cálculo y plantean aumentos superiores al porcentaje inflacionario.

Del otro lado, el sector empresarial defiende la utilización del IPC como parámetro técnico y advierte que incrementos mayores podrían afectar los costos laborales, especialmente en pequeñas y medianas empresas que todavía enfrentan desafíos para sostener el empleo formal.

La discusión se desarrolla en el seno del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), organismo tripartito integrado por representantes del Estado, trabajadores y empleadores. La recomendación final deberá ser elevada al Poder Ejecutivo antes de mediados de junio para que el eventual reajuste entre en vigencia el 1 de julio, como establece la normativa vigente.

Más allá del porcentaje final, el debate de fondo apunta al modelo de actualización salarial. Diversos economistas consideran que el sistema actual permite preservar parcialmente el poder de compra frente a la inflación, pero no necesariamente mejora la capacidad adquisitiva de los trabajadores ni acompaña el crecimiento económico del país.

En los últimos años, la discusión sobre el salario mínimo dejó de centrarse únicamente en el reajuste anual para enfocarse también en la calidad del empleo, la informalidad y el costo real de la canasta familiar. Mientras algunos sectores impulsan una reforma integral del sistema, otros sostienen que cualquier modificación debe realizarse de manera gradual para evitar impactos negativos sobre el mercado laboral.

Con junio ya en marcha, miles de trabajadores esperan conocer la decisión final. Lo que parece claro es que, si el reajuste se limita al 2,4% de inflación, el incremento difícilmente alcanzará para compensar la percepción ciudadana de que los precios de alimentos, transporte y servicios crecen a un ritmo superior al reflejado por las estadísticas oficiales.

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