A menos de un mes de haber levantado una medida de fuerza tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, el gremio de transportistas encabezado por César Ruiz Díaz denuncia que no se cumplió con el pago del subsidio correspondiente a junio y advierte con frenar nuevamente el servicio.
El presidente del gremio transportista, César Ruíz Díaz, cuestionó al Ejecutivo y advirtió que el sector analiza acciones judiciales o una nueva medida de fuerza.
La organización acusa al Viceministerio de Transporte de no cumplir con el acuerdo firmado tras el levantamiento del paro. El subsidio de junio, estimado en casi USD 4 millones, debía abonarse el 31 de julio.
Según reveló César Ruiz Díaz, titular del gremio Cetrapam, uno de los compromisos clave que destrabó la medida de fuerza fue la promesa del Gobierno nacional de contratar una empresa internacional que se encargue de estructurar un nuevo esquema tarifario basado en manuales técnicos y estándares internacionales.
Un acuerdo de último momento entre el Gobierno y los empresarios del transporte evitó un paro general previsto para el lunes 21 de julio. Sin embargo, la suspensión de la medida no representa una mejora real en el servicio ni una solución de fondo a la grave crisis que padecen a diario los usuarios del sistema.
Pese al pago parcial del subsidio, Ucetrama ratificó la medida de fuerza. El paro arrancaría el lunes 21 y se extendería por tres días. Usuarios, sin alternativas claras, temen quedar varados.
Con el reciente desembolso del subsidio correspondiente al mes de mayo, el Gobierno nacional logró descomprimir parcialmente la tensión con el sector transportista, generando una expectativa positiva de cara a la reunión tripartita prevista para este viernes.
Un sondeo a más de 1.500 personas muestra cómo la huelga de buses prevista afectaría directamente a la clase trabajadora. El 66% buscaría llegar como pueda, pero el resto considera imposible cumplir con su jornada laboral. Las historias de sacrificio y solidaridad emergen en medio de la incertidumbre.
Mientras las reguladas se sienten cada vez más y los colectivos se caen a pedazos, los empresarios del transporte público anuncia la medida la próxima semana. La clase trabajadora, que depende del servicio, denuncia precariedad, tarifas abusivas y abandono estatal.
Paraguay subsidia el transporte como si funcionara como en Europa, pero opera con un sistema oxidado y clientelar. Urge una reforma integral, con auditorías independientes, control ciudadano, tecnología al servicio del usuario y una decisión firme del Ejecutivo de cortar con la mafia del volante.
Para Fernández, el trasfondo de esto guarda relación con la anunciada reforma del transporte público. Los empresarios estarían intentando mostrar fuerza para negociar.
Con esto, prácticamente la totalidad del servicio de buses será suspendido durante esas 72 horas, lo que dejará sin transporte a miles de usuarios.
La organizació considera que la administración actual ha sido negligente para encarar una crisis que se arrastra desde hace años y que sigue dejando indefensa a la ciudadanía.
El sistema público de transporte en Paraguay se tambalea entre amenazas de paro, subsidios millonarios sin control y un Gobierno que no cumple ni con los pagos ni con la prometida transformación. La ciudadanía, como siempre, queda a la deriva.
El titular responsabilizó directamente al Viceministerio de Transporte, que, según dijo, afecta al funcionamiento del sistema pese a que los fondos ya estaban presupuestados.
