PolíticaCrisis del transporte
El paro de transporte público previsto para el lunes 21 de julio fue finalmente desactivado tras un acuerdo alcanzado en la mesa tripartita entre transportistas, autoridades del Gobierno y representantes del Viceministerio de Transporte. Según reveló César Ruiz Díaz, titular del gremio Cetrapam, uno de los compromisos clave que destrabó la medida de fuerza fue la promesa del Gobierno nacional de contratar una empresa internacional que se encargue de estructurar un nuevo esquema tarifario basado en manuales técnicos y estándares internacionales.
El propio Ruiz Díaz aseguró que este proceso representará un "legado para las próximas administraciones", ya que buscaría establecer un sistema tarifario sólido y técnicamente respaldado. Además, mencionó que el nuevo mecanismo contará con la participación de representantes de la ciudadanía y del sector sindical, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia en la determinación del precio del pasaje.
Sin embargo, este anuncio generó cuestionamientos desde distintos sectores de la ciudadanía, que observaron con recelo la decisión del Ejecutivo de recurrir a una consultora extranjera en plena crisis del transporte público. La principal crítica apunta al elevado costo de los subsidios —que ya consume millones de dólares al año— y al hecho de que, pese a esa millonaria inversión, los usuarios siguen padeciendo un servicio deficiente, con reguladas, unidades en mal estado y una cobertura insuficiente, especialmente en días de bajas temperaturas.
En ese contexto, surge la duda sobre por qué el Estado no acude a sus propios profesionales técnicos y académicos para resolver el problema, en lugar de seguir derivando recursos públicos a asesoramientos externos. El Gobierno, por su parte, sostiene que la contratación es parte de un proceso de modernización y busca instalar una metodología que tenga rigor técnico y perdure en el tiempo, más allá de las gestiones de turno.
Además del compromiso de la reestructuración tarifaria, el Ejecutivo también se comprometió al pago del subsidio correspondiente al mes de junio antes de que finalice julio, habiendo ya abonado el de mayo, lo que también ayudó a contener la presión del sector transportista.
