A menos de un mes de haber levantado una medida de fuerza tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, el gremio de transportistas encabezado por César Ruiz Díaz denuncia que no se cumplió con el pago del subsidio correspondiente a junio y advierte con frenar nuevamente el servicio. La amenaza reaviva el conflicto en un sistema ya cuestionado por su pésima calidad.
Nueva advertencia a menos de un mes del acuerdo
El titular de CETRAPAM, César Ruiz Díaz, remitió este 7 de agosto una carta al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, expresando su "profunda preocupación" por el incumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno en julio pasado. El documento recuerda que, según el Acta N.º 57/2025, el pago del subsidio de junio debía realizarse a más tardar el 31 de julio, algo que hasta ahora no se concretó.
Ruiz Díaz advirtió que este retraso compromete la continuidad del servicio y no descartó recurrir a reclamos judiciales. El gremio sostiene que la falta de cumplimiento pone en riesgo la operatividad de las empresas, mientras el usuario sigue expuesto a un servicio considerado deficiente, con buses obsoletos y sin mejoras sustanciales.
El antecedente del paro frustrado de julio
En julio de este año, CETRAPAM había anunciado un paro de 72 horas, previsto desde el 21 de ese mes, exigiendo el pago de una deuda superior a los 9 millones de dólares en concepto de subsidios. La medida fue levantada luego de una reunión tripartita en la que el Gobierno se comprometió a saldar el subsidio de mayo de forma inmediata y el de junio antes de finalizar el mes.
El acuerdo incluyó otros puntos, como la implementación de una comisión tarifaria, la apertura de un debate sobre trasladar el subsidio directamente a la tarjeta del pasajero y la colaboración técnica con la Agencia Nacional de Transporte Público de Brasil para diseñar una tarifa más acorde a la realidad del sistema.
Un servicio cuestionado y millones en subsidios
La nueva amenaza llega en medio de un fuerte malestar ciudadano por el estado del transporte público. Usuarios denuncian diariamente largas esperas, sobrecarga de pasajeros, unidades en mal estado y una cobertura deficiente, mientras el sector empresarial recibe millonarios subsidios del Estado cada mes.
La utilización recurrente del paro como herramienta de presión es vista por sectores políticos y sociales como una forma de "tomar de rehén" a la ciudadanía, especialmente considerando que cientos de miles de personas dependen de este servicio para trasladarse a sus trabajos y centros educativos.
Reforma del transporte en debate
En paralelo a esta nueva amenaza, el Congreso Nacional analiza el proyecto de reforma al transporte público impulsado por el presidente Santiago Peña, con el que el Ejecutivo busca "dar un golpe de timón" a un sistema que arrastra décadas de deficiencias.
La propuesta contempla la renovación progresiva de la flota, mejoras en la infraestructura vial para el transporte masivo y un rediseño de recorridos y tarifas. Sin embargo, mientras se discute el plan a largo plazo, los conflictos coyunturales y las presiones del gremio mantienen a la ciudadanía en la incertidumbre.



