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La causa quedó en manos de los fiscales Luis Piñánez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien encabezará la pesquisa, y Christian Benítez, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.
La investigación busca determinar si existieron hechos punibles relacionados con el empleo de maquinarias, vehículos, mezcla asfáltica, insumos y personal municipal en obras ejecutadas dentro de propiedades privadas, además de establecer quiénes podrían ser responsables de esas actuaciones.
El caso tomó fuerza a partir de las denuncias formuladas en la Junta Municipal por el concejal Pablo Callizo, quien en distintas sesiones expuso imágenes y videos que, según afirmó, muestran equipos y operarios de la Dirección de Vialidad realizando trabajos de asfaltado fuera de la vía pública.
Entre las evidencias presentadas figuran grabaciones obtenidas en un predio ubicado en la zona de Gorostiaga y República Argentina, donde funciona la firma Cóndor SACI. De acuerdo con la denuncia, también existen registros de intervenciones similares en otro inmueble privado donde opera una cancha deportiva.
Según la documentación presentada por el edil, el supuesto desvío habría involucrado alrededor de 140 toneladas de mezcla asfáltica, lo que representaría un perjuicio económico cercano a los G. 500 millones para la Municipalidad de Asunción.
Las denuncias sostienen además que estos trabajos se realizaron mientras numerosos barrios de la capital continúan con calles deterioradas, pese a que la Comuna percibió más de G. 72.900 millones durante los primeros cuatro meses del año en concepto de conservación de pavimentos.
Tras hacerse públicas las acusaciones, el intendente Luis Bello dispuso la intervención de la Dirección de Vialidad por un plazo de 30 días y designó al funcionario Óscar Pérez al frente de ese proceso. Como parte de las primeras medidas administrativas, también fue removido del cargo el entonces director de la dependencia, Nicolás Duarte.
Con la apertura formal de la causa penal, el Ministerio Público comenzará la recolección de pruebas para verificar la veracidad de las denuncias y determinar si existió un esquema de utilización indebida de recursos municipales en beneficio de particulares, un caso que podría derivar en responsabilidades penales y administrativas para los involucrados.
