PolíticaDebaten alternativas
Una propuesta legislativa que plantea la eliminación total del subsidio estatal al transporte público del Área Metropolitana ha reactivado un debate profundo sobre el modelo de movilidad urbana en Paraguay. Mientras sectores políticos denuncian que el sistema es ineficiente, injusto y económicamente insostenible, organizaciones de usuarios advierten que la medida podría aumentar el precio del pasaje y afectar a miles de personas que dependen diariamente de los buses para trasladarse.
El sistema de subsidio, vigente desde 2011, nació como una medida para frenar el aumento del pasaje ante el alza del combustible. Sin embargo, su implementación y resultados dividen opiniones: ¿es una herramienta de apoyo social o un beneficio injustificado para un sector empresarial?
Una propuesta legislativa que busca cortar el flujo millonario
El proyecto de ley que propone eliminar este subsidio fue presentado por el senador liberal Líder Amarilla, quien considera que se trata de un mecanismo de transferencia directa de dinero público a un grupo privilegiado de empresarios del transporte, sin que ello haya derivado en una mejora real del servicio ni en condiciones justas para los ciudadanos del interior del país.
En su exposición, el legislador aseguró que desde 2011 hasta hoy, los transportistas han recibido aproximadamente USD 200 millones en subsidios, mientras el combustible —uno de los principales argumentos para su creación— ha bajado considerablemente. "Con esos recursos se podría haber construido un tren de cercanías, implementar un metrobús funcional o invertir en transporte interurbano de calidad. En cambio, seguimos con buses en mal estado y una frecuencia caótica", cuestionó Amarilla.
También apuntó al artículo 107 de la Constitución Nacional, que establece la libre competencia económica, y argumentó que al subsidiar solamente a empresas del Área Metropolitana se está violando este principio y cometiendo una discriminación contra los ciudadanos del interior, quienes pagan el mismo impuesto, pero no reciben ningún beneficio.
Un sistema que concentra recursos y no resultados
Para Amarilla y otros críticos del sistema, el subsidio ya no tiene justificación técnica ni social. Afirman que, además de estar centralizado en la capital y sus alrededores, no ha cumplido su propósito de mejorar el servicio. "No mejoró el transporte, no hubo inversiones importantes, las condiciones siguen siendo deplorables", afirmó el senador. En 2024, el Estado desembolsó cerca de USD 40 millones a las empresas del sector, cifra que volvería a repetirse este año.
También cuestionó la disparidad con otros sectores económicos: "¿Por qué no se subsidia a pequeñas despensas, farmacias o productores agrícolas? ¿Por qué solo a este grupo?", preguntó, insinuando que se trata más de una red de intereses empresariales que de una verdadera política pública.
Amarilla también denunció que el Ministerio de Desarrollo Social alega no tener fondos para ampliar la cobertura de pensiones para adultos mayores, mientras sí se destinan decenas de millones a empresas de transporte. "Es un grupo de amigos que se lleva plata del Estado paraguayo", sentenció.
Empresarios del transporte: a favor de eliminar el subsidio, pero con condiciones
Sorprendentemente, desde el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) no rechazaron frontalmente la propuesta. Su presidente, César Ruiz Díaz, declaró que incluso sería mejor para el propio sector dejar de recibir el dinero estatal.
"Ojalá desaparezca el subsidio y, si continúa, que el dinero se transfiera directamente a los usuarios, no a las empresas. El subsidio no fue una idea empresarial, sino una decisión política para que el usuario pague menos de lo que realmente cuesta el servicio", afirmó. Según él, el problema está en el mecanismo de distribución, no en la intención social del subsidio.
Ruiz Díaz dejó en claro que si se elimina el subsidio sin otro sistema de compensación, el precio del pasaje subirá para reflejar el verdadero costo del servicio.
Usuarios preocupados: "Esto va a golpear a los más pobres"
Desde la sociedad civil, las reacciones son contundentes. La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA) expresó su rechazo al proyecto, considerando que afectará de forma directa a los usuarios del transporte público.
"La eliminación del subsidio incrementará automáticamente el costo del pasaje. Hoy ese dinero cubre parte de la llamada tarifa técnica. Si desaparece, lo que sigue es que el usuario pague la diferencia", explicó Griselda Yúdice, vocera de Opama.
Aclaró además que el subsidio no debe entenderse como un favor a los empresarios, sino como una medida para mantener tarifas accesibles para estudiantes, trabajadores informales y adultos mayores que dependen del bus como único medio de transporte.
Para Opama, el verdadero problema del sistema radica en la ausencia total de fiscalización por parte del Viceministerio de Transporte, lo que permite que muchas empresas incumplan con horarios, frecuencias y condiciones mínimas de calidad. "En vez de quitar el subsidio, el Estado debería auditar mejor a quien le entrega el dinero", sostienen.
Paradas colapsadas, buses en mal estado y esperas interminables
Uno de los puntos centrales en el reclamo de Opama es la pésima calidad del servicio actual. Según sus informes, en ciudades como San Lorenzo, Limpio y Mariano Roque Alonso, los usuarios deben esperar hasta una hora por un bus, que muchas veces llega sobrecargado, sucio o directamente no aparece.
"El problema es estructural y no se va a resolver simplemente quitando plata. Lo que se necesita es una reforma completa del sistema, no castigar al usuario que ya de por sí la pasa mal", apuntó Yúdice.
Los reportes coinciden: hay escasez de unidades, frecuencias irregulares, horarios que no se respetan y una demanda muy superior a la oferta, lo que termina afectando la puntualidad, la seguridad y la dignidad de los viajes cotidianos.
Una ciudad saturada y un sistema sin planificación
Un análisis reciente del Banco Mundial reveló que en el Área Metropolitana de Asunción —donde vive el 34% de la población del país— se concentra casi el 50% del parque automotor nacional. Esta densidad vehicular, sumada a la falta de opciones de transporte masivo eficientes, ha saturado completamente la infraestructura vial.
A inicios de mayo, el propio Gobierno reconoció que se destinaron USD 14 millones en bonos soberanos solo para cubrir el subsidio, lo que significa que incluso se recurre a deuda pública para sostener un sistema que no termina de convencer a nadie.
¿Reformar, redireccionar o eliminar el subsidio?
El debate está abierto y las posiciones son claras. Para el senador Líder Amarilla y sus aliados, el subsidio es un esquema caduco, clientelar y discriminatorio. Para los usuarios, su eliminación podría representar el golpe final a un sistema ya deteriorado. Para los empresarios, el problema no es el subsidio, sino cómo se administra.
Lo que está en discusión no es solamente una partida presupuestaria, sino el modelo de ciudad, de movilidad y de equidad que el Paraguay quiere construir. La pregunta central sigue vigente: ¿el Estado debe seguir subsidiando el transporte público tal como lo ha hecho hasta ahora? ¿O es momento de replantearlo todo desde cero.
