PolíticaIndignación ciudadana
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que el subsidio estatal al transporte público debería eliminarse por completo, argumentando que los 40 millones de dólares anuales destinados al sector son ineficientes y no benefician realmente a los ciudadanos. Sin embargo, organizaciones de usuarios como la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) rechazan rotundamente esta medida, advirtiendo que sería un duro golpe para la economía de los trabajadores que dependen del transporte público.
Mientras el gobierno y los empresarios discuten cifras y políticas, los usuarios continúan sufriendo un servicio caótico, costoso y de mala calidad. La pregunta clave es: ¿quién termina pagando realmente por este sistema fallido?
El debate sobre el subsidio: ¿dónde terminan los recursos?
Valdovinos sostiene que el subsidio no mejora la calidad del transporte y que financiarlo con bonos soberanos desvía recursos importantes. La senadora Celeste Amarilla apoya esta postura, señalando que los fondos terminan beneficiando a los empresarios en lugar de a los usuarios. Pero eliminar el subsidio sin un plan alternativo concreto podría empeorar aún más la situación actual.
Opama responde con firmeza: "Eliminar el subsidio significa castigar a los más vulnerables, que ya pagan altas tarifas por un servicio deficiente". Además, la organización señala que usar bonos soberanos para cubrir estos gastos reduce los fondos disponibles para otros servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
El propio ministro admitió haber sido víctima de las fallas del sistema al sufrir un colapso vial camino al Congreso. Sin embargo, su propuesta de "reingeniería del sistema" parece carecer de detalles concretos, mientras los usuarios exigen soluciones reales y no simples recortes que los afecten directamente.
La disputa entre empresarios y usuarios
César Ruiz Díaz, representante de Cetrapam, defiende a los empresarios del transporte argumentando que ellos simplemente cumplen con contratos que no diseñaron. Sin embargo, esta postura contrasta con la realidad de un servicio que lleva años siendo criticado por su mala calidad, con unidades en mal estado, rutas obsoletas y falta de planificación.
Aunque Ruiz Díaz admite que "el servicio es pésimo", culpa al Estado por la falta de infraestructura adecuada, como carriles exclusivos, semáforos inteligentes y un plan maestro de transporte. Lo cierto es que, mientras empresarios y gobierno se culpan mutuamente, alrededor de 500,000 usuarios (frente a 1.2 millones antes de la pandemia) deben soportar diariamente un servicio ineficiente.
Un sistema que nunca funcionó
El transporte público en Paraguay parece diseñado para fracasar: con rutas que no se actualizan desde hace 40 años, ciudades que crecieron sin planificación, y una total falta de inversión en infraestructura básica. Los subsidios, cuya transparencia es cuestionada, no parecen traducirse en mejoras reales para los usuarios.
Opama resume bien la situación: "Exigimos transparencia en el uso de los recursos, pero no aceptamos que eliminen el subsidio sin ofrecer alternativas reales. El Estado debe asumir su responsabilidad de regular el servicio, no abandonar a los usuarios".
Hacia una solución real
Eliminar el subsidio sin un plan integral solo empeoraría la crisis. Las demandas clave incluyen:
1. Una auditoría transparente del uso actual de los subsidios
2. Participación ciudadana en el diseño de rutas y tarifas
3. Inversión real en infraestructura y modernización del sistema
La disyuntiva final
El gobierno enfrenta una decisión crucial: proteger los intereses de la ciudadanía o ceder ante las presiones empresariales. Como bien señala Opama: "No permitiremos que los trabajadores paguen el precio de un sistema fallido". Si las autoridades insisten en eliminar el subsidio sin reformar el sistema, solo conseguirán profundizar la crisis del transporte y el descontento social.
La pregunta que queda en el aire es clara: ¿Está el Estado realmente al servicio de la gente o solo busca lavarse las manos ante un problema que lleva años sin resolver? Este artículo se escribe en defensa de los derechos de los usuarios, exigiendo un transporte público digno, eficiente y verdaderamente al servicio de la población.
