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El aviso lo dio César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), quien advirtió que de no cumplirse con esa exigencia, continuarán recortando unidades y frecuencias de servicio.
Esta medida impactará directamente sobre los usuarios, quienes ya padecen las deficiencias del sistema: "una vez más, los usuarios [...] ahora sufrirán reguladas de frecuencia de buses", señalaron representantes del sector.
El reclamo pone en evidencia la delicada situación del sistema de subsidios estatales. El Estado paraguayo financia parte del boleto mediante un esquema mixto: los pasajeros aportan cerca del 50 % del costo operativo, mientras que el resto corresponde al subsidio estatal por pasajero, calculado a través de una tarifa técnica. En los primeros meses de 2025, el Gobierno desembolsó aproximadamente USD 9,7 millones en subsidios, representando el 24 % del presupuesto anual definido para este rubro. Pese a ello, el sistema sigue siendo deficiente: según el Banco Mundial, solo el 7 % de los viajes diarios en Asunción y su área metropolitana se realizan en colectivo.
El retraso en los pagos del subsidio —en algunos casos superiores a 180 días— ha llevado a que las empresas endeuden sus flotas, pospongan mantenimientos o retiren buses del servicio. Esta situación ha sido sistemáticamente denunciada por César Ruiz Díaz, quien sostiene que las denominadas "reguladas" son resultado del vaciamiento provocado por la deuda del Estado. En este contexto, decenas de unidades quedan inoperativas, lo que eleva el hacinamiento en las paradas y reduce la frecuencia.
Cabe recordar que este modelo de subsidio ha sido cuestionado por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, que propone una reingeniería gradual o incluso la eliminación del esquema por su falta de impacto positivo en el servicio.
Contexto del sistema de subsidio estatal al transporte
El Estado paraguayo subsidia parcialmente el costo del transporte urbano por medio de un mecanismo que determina la "tarifa técnica". Esta es el total de los gastos operativos por pasajero, que incluye combustible, repuestos, mantenimiento y costos como peajes y seguros. Del total, el usuario paga una parte fija, y el resto es cubierta por el Estado bajo un sistema de validaciones electrónicas en los buses.
En 2024, el subsidio estatal alcanzó USD 46 millones, financiado con fondos del Tesoro y bonos soberanos —un esquema que se ha repetido en 2025, con más de USD 9 millones en apenas dos meses. Pese a esta fuerte inversión, el servicio sigue siendo deficiente, con flotas envejecidas, frecuencias reducidas y baja cobertura. Esto ha generado críticas severas sobre la eficacia de un modelo que, a juicio de analistas y autoridades del MEF, requiere urgentemente una reforma estructural.
