PolíticaDiputados
El documento apunta a reformar el sistema de transporte público en torno al usuario y parte del diagnóstico de que el sistema actual padece de grandes problemas que impiden alcanzar el objetivo principal: un servicio que efectivamente contribuya al ejercicio de varios derechos, como el de la movilidad.
Entre los problemas señalados se encuentran la superposición de itinerarios; la dispersión normativa; y la baja calidad del servicio, además de una gobernanza institucional considerada difusa e ineficiente.
Uno de los ejes centrales es el rediseño de dicha gobernanza, para lo cual establece la centralización normativa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte (VMT), y una descentralización operativa a cargo de las gobernaciones.
La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), pasaría a formar parte del VMT, eliminando la "bicefalia" existente, con un marco normativo y regulatorio que unifique normas existentes y las someta a determinados estándares que aseguren la calidad del servicio prestado.
Según el proyecto, cada gobernación tendrá la facultad de ordenar los itinerarios y el servicio en su territorio, en coordinación con los municipios.
"Los itinerarios serán reordenados por el VMT y las Gobernaciones, a fin de alcanzar una distribución efectiva que permita acceder al servicio a toda la ciudadanía, conectando las vías troncales con los ramales internos de cada municipio", expone.
Para asegurar la continuidad del servicio se plantea un esquema de subsidio estatal "calculado tanto con base en la cantidad de validaciones como en la cantidad de kilómetros recorridos, de acuerdo con los estudios técnicos que se realicen sobre el asunto".
Además, se establece que ninguna empresa de transporte podrá recibir subsidio público si no está en concordancia con las disposiciones y normativas de la Política Nacional de Movilidad y Transporte, y del Plan Departamental de Movilidad y Transporte.
Igualmente, señala como condición, contar con el sistema de billetaje electrónico georreferenciado.
Entre las herramientas de planificación obligatorias se incluyen la Política Nacional de Movilidad y Transporte; el Plan Nacional de Transporte; y los Planes Departamentales de Movilidad y Transporte, que serán base para el diseño de rutas, frecuencias, niveles de servicio y fórmulas tarifarias.
Creación de diversos estamentos
La normativa prevé la creación del Consejo Departamental de Ordenamiento Territorial y del Transporte (CDOTT); un órgano intersectorial y participativo que apoyará la planificación.
También prevé el Consejo Técnico Departamental de Tarifa Técnica de Buses, con la función de calcular, revisar y actualizar la tarifa técnica de los servicios, "basándose en la fórmula definida en la Política Nacional de Movilidad y Transporte".
A su vez, incluye la creación del Observatorio Nacional de Movilidad y Transporte, con la misión de producir y difundir información técnica, estadística y de monitoreo sobre el estado del sistema.
Por otro lado, busca crear una Agencia Regional de Transporte (ART), conformada por la Gobernación del Departamento Central; la Municipalidad de Asunción; y las municipalidades del Departamento Central, para la planificación, implementación, monitoreo y evaluación del transporte público.
Accionistas de Fepasa
En cuanto a Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), el documento indica que pasarán a ser sus accionistas el MOPC; el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH); el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); la Procuraduría General de la República (PGR); la Municipalidad de Asunción; y las 17 gobernaciones departamentales.
La exposición de motivos, además, concluye: "El actual sistema ineficiente e ineficaz de transporte público resulta sumamente costoso no solo para el Estado, que de 2011 a 2024, ya abonó aproximadamente USD 218.300.000 en concepto de subsidio; sino también para el usuario, que carga con un alto porcentaje del costo del pasaje, por un servicio que no satisface las necesidades ni los derechos básicos de la ciudadanía; y que pone en riesgo la vida de cada usuario".
Finalmente, remarca que el servicio de transporte público no solo es una necesidad para la ciudadanía, sino que es un derecho humano; un instrumento que permite el ejercicio de otros derechos como el acceso a la educación, la salud, la movilidad, entre otros reconocidos por la Constitución Nacional.
Las comisiones que se encargarán de estudiar este proyecto son: Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones; Asuntos Municipales y Departamentales; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Ciencia y Tecnología; y Reestructuración y Modernización del Estado.
Proyectistas
Son diputados firmantes del proyecto de ley, Diosnel Aguilera - Diputado (PLRA-Ñeembucú); Graciela Aguilera (PLRA-Cordillera); Raúl Benítez (independiente-Central); Freddy Franco Luis Federico Franco (PLRA-Central); Leidy Galeano (Yo Creo-Central); Pedrito Gómez (PLRA-Central); y diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera).
A su vez, los legisladores Miguel Martínez (PLRA-Alto Paraná); Johanna Ortega (PPS-Capital); Carlos Pereira Rieve (PLRA-Itapúa); Diputado Rubén Rubín (independiente-Central); Billy Vaesken (PLRA-Central); Rocío Vallejo (PPQ-Capital); y Ariel Villagra (PLRA-San Pedro).
