El JEM debe reconciliarse con la justicia

Esta semana, el Poder Ejecutivo ha anunciado una cumbre de poderes para el lunes 17 a las 8 de la mañana. Según el presidente, el objetivo es que “nos unamos para luchar contra la corrupción, que es un flagelo que nos afecta a todos los paraguayos”. Tan sabias, aunque obvias, palabras son dignas de aplaudir. Una verdad insoslayable sigue siendo verdad con independencia de quien la enuncie. Y es una verdad, una dolorosa verdad, que la corrupción es un flagelo que afecta a todos los paraguayos. También es una verdad que, en un plano ideal, sean los poderes administradores del Estado los encargados de luchar por castigar dicho flagelo, así como que la coordinación entre los distintos poderes es crucial para alcanzar ese objetivo.

La existencia de los poderes del Estado no es un simple capricho inventado por Montesquieu, como él mismo afirmaba: “Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder”. Una forma más explícita del famoso dicho: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

De ahí surge la idea de la administración del Estado por compartimientos independientes y equilibrados, de forma que uno no se imponga sobre el otro. Esta es la base de los Estados modernos y del sistema republicano. El problema que enfrenta Paraguay es que existe un poder entre las sombras que avanza con su propia agenda, solapado y enquistado entre los demás poderes, pero que cada día adquiere más fuerza y corre el peligro de convertirse en el verdadero poder, en forma de un maestro titiritero que controla a los demás. Y este oscuro poder no es uno electo democráticamente, sino encumbrado por la fuerza bruta de la corrupción de los hombres y las instituciones: es el crimen organizado, que se extiende como hiedra, copándolo todo y tejiendo sus hilos.

Los escándalos que van surgiendo en torno a la figura de “Lalo” Gomes son solo la punta del iceberg. A estas alturas, no existe ciudadano, por más ingenuo que sea, que crea que él era el único ni el más poderoso. De hecho, hasta que las noticias fueron despertando a la gente de su ignorancia, Gomes no era un personaje de primera línea. Lo cual nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos “Lalos” quedan agazapados en las sombras, incluso con más poder de fuego y peores intenciones dentro de las instituciones?

Ahora le tocó el turno a una de las instituciones más sensibles del Poder Judicial: el JEM (tribunal encargado de enjuiciar a los magistrados). Este funciona como el sistema defensivo de un cuerpo humano: se encarga de perseguir y acabar con los elementos dañinos dentro del sistema orgánico. En su caso, investiga —ya sea a través de denuncias o incluso de oficio— a los magistrados del Poder Judicial para asegurar su correcto y, sobre todo, honesto funcionamiento.

Si bien existe una ley que rige su funcionamiento —la 6814/21— y tiene en sus manos las herramientas teóricas que le permiten hacer su trabajo —como la Ley N.º 2523/2004, que tipifica el delito de tráfico de influencias, describiéndolo como la acción de recibir o hacerse prometer dinero u otros beneficios para influir en decisiones de funcionarios públicos—, está mil veces demostrado que estas leyes de nada valen si el elemento humano no está a la altura. Para ello, se necesitan cuadros honestos, pero no solo eso: también valientes y decididos, que asuman con determinación el peso de su función. Estos, a su vez, para adoptar estas posturas, necesitan el respaldo de otros liderazgos políticos superiores que también demuestren la voluntad de atacar el mal y marquen la hoja de ruta necesaria para hacerlo.

Pero nos enfrentamos a otro dilema en torno al JEM: ¿qué pasa si su propio funcionamiento ha sido distorsionado? ¿Qué pasa si la propia ley reglamentaria se excede en atribuciones para el JEM?

Si atendemos a la Ley N.º 2523/2004, esta no establece que el JEM deba ser permanente, ni que deba actuar por cuenta propia (de oficio) o revisar las causas. Al adoptar estas prácticas, de facto, se convierte incluso en un organismo superior a la Corte Suprema.

Ese excesivo poder hizo que el JEM fuera capaz de extorsionar a los magistrados, influyendo así en las propias decisiones judiciales a su antojo. Con esto, se pierde la independencia del Poder Judicial, que queda desguazada a manos de políticos e incluso de abogados que se enquistan en el JEM sin renunciar al ejercicio de su profesión. De ello se pueden sacar claras conclusiones sobre cómo se podría llegar a manipular las causas en beneficio de ciertos bufetes de abogados, influyendo en las decisiones judiciales.

El JEM no se ha convertido en un legítimo organismo de control ético, sino en una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todos los magistrados. Quienes están al final del hilo que la sostiene no se presentan como personas dedicadas a la aplicación de la justicia, sino como un superpoder que domina al Poder Judicial en función de sus propios intereses.

De todo lo anterior se desprende que es necesario establecer los mecanismos adecuados para que el JEM respete la autonomía e independencia de los magistrados, y volver al espíritu inicial de una institución que funcione ad hoc, conformándose únicamente para casos específicos. Debe limitarse a juzgar y valorar la conducta ética de los magistrados, pues para la parte jurídica existen las apelaciones con sus respectivas instancias.

Ya veremos si el presidente Santiago Peña tiene la verdadera voluntad de luchar contra la corrupción y por eso convocó a la antes señalada cumbre de poderes. Si es así, uno de los primeros pasos necesarios es, junto con el Poder Legislativo y bajo la guía del Judicial, establecer las reformas legales necesarias para devolverle al JEM su rol original y limitarlo al objetivo para el cual fue creado. La respuesta la tendremos el lunes, después de las 8 de la mañana.

Sin embargo, es obligado mencionar algo: esta no es la primera convocatoria de Peña para algo similar. En agosto de 2023, apenas asumido su cargo, ya había convocado a una cumbre y, junto con los otros poderes, firmó un “acta de compromiso” en la lucha contra la corrupción. Por ello, dejamos una pregunta al lector: ¿cómo le ha ido al país y a su gobierno en esta materia en el último año y medio?

La ausencia de parámetros estrictos para delimitar la actuación de oficio puede generar incertidumbre en la comunidad jurídica, ya que la falta de criterios objetivos podría dar lugar a decisiones inconsistentes o incluso arbitrarias.

Es el momento de dejar de lado los intereses partidarios y trabajar en conjunto por el bienestar de la nación. Es imperativo que los actores involucrados en estas prácticas corruptas sean investigados y, de encontrarse culpables, sancionados con todo el peso de la ley. La impunidad no puede seguir siendo la norma en nuestro país.

La independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia. Cuando esta se ve comprometida por intereses particulares, toda la estructura del Estado de derecho se tambalea. Por ello, es crucial implementar medidas efectivas para prevenir hechos que socaven la credibilidad institucional y garantizar que quienes administran la justicia lo hagan con integridad y apego a la ley.