Víctor Ríos sostiene que la destitución de Kattya González quebrantó garantías constitucionales
Ríos integró el grupo de tres magistrados que se pronunciaron a favor de la acción de inconstitucionalidad presentada por González, mientras que la mayoría de seis ministros resolvió rechazar el planteamiento. Según explicó, su análisis no estuvo orientado a determinar si existían motivos suficientes para concretar la pérdida de investidura, sino a verificar si el mecanismo aplicado por la Cámara Alta se ajustó a las exigencias constitucionales.
El integrante del máximo tribunal remarcó que ninguna decisión adoptada por los órganos políticos del Estado está excluida del control constitucional. En ese contexto, recordó que la jurisprudencia internacional ha establecido que incluso los procesos de naturaleza política deben desarrollarse con estricto apego a las garantías fundamentales y al derecho a la defensa.
A criterio de Ríos, durante el trámite legislativo se dejaron de lado disposiciones reglamentarias vigentes que establecían procedimientos y plazos que debían ser observados. Señaló que, aunque pueda existir debate sobre algunos aspectos del reglamento del Senado, ello no habilita a ignorar otras reglas destinadas a proteger derechos básicos de las personas sometidas a un proceso de esta naturaleza.
El magistrado advirtió que la ausencia de normas previamente definidas y aplicadas de manera uniforme abre la puerta a decisiones sujetas exclusivamente a la voluntad circunstancial de las mayorías parlamentarias. En su opinión, esa discrecionalidad resulta incompatible con un Estado constitucional de derecho y con el principio de que toda persona debe ser juzgada conforme a reglas preexistentes.
Durante sus declaraciones, también reconoció que el caso podría eventualmente ser llevado ante instancias internacionales. Indicó que, si la afectada decide recurrir al sistema interamericano de protección de derechos humanos y se concluye que existieron vulneraciones, Paraguay podría enfrentar una eventual condena, como ya ocurrió en otros antecedentes.
Consultado sobre posibles influencias externas en el proceso judicial, Ríos manifestó que todos los sistemas de justicia están expuestos a presiones provenientes de distintos sectores interesados en el resultado de los litigios. Sin embargo, evitó afirmar que dichas circunstancias hayan incidido de manera concreta en la resolución adoptada por la mayoría de la Corte en este expediente.
Asimismo, rechazó interpretaciones que atribuyen una intencionalidad política al momento en que fue dado a conocer el fallo y sostuvo que los tribunales suelen evaluar diversos factores antes de emitir sus decisiones. A su entender, el hecho de que la resolución se haya dictado dentro del actual periodo constitucional evitó que el conflicto perdiera relevancia práctica.
Finalmente, el ministro consideró que el caso deja abierto un debate de gran trascendencia institucional respecto a los límites del control judicial sobre las decisiones adoptadas por otros poderes del Estado. También insistió en que la discusión sobre el número de votos requeridos para concretar una pérdida de investidura demanda una interpretación constitucional integral y no puede agotarse en una lectura estrictamente literal de las disposiciones vigentes.
