Gobierno da marcha atrás y deroga los decretos que generaron tensión en la ANDE
La confirmación fue realizada este martes por representantes de la Presidencia de la República durante una conferencia de prensa, en la que se anunció oficialmente la derogación de ambas normativas. La decisión se produce luego de varios días de intensos cuestionamientos y de un creciente debate sobre el alcance de los decretos y su impacto a largo plazo.
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, sostuvo que uno de los principales objetivos del Gobierno es impulsar el aprovechamiento interno de la energía disponible en el país. En ese sentido, afirmó que la misión de las instituciones involucradas, entre ellas la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), es promover que la energía generada sea utilizada para fomentar el desarrollo y la industrialización, en lugar de continuar dependiendo exclusivamente de la exportación del excedente.
La controversia se intensificó la semana pasada, cuando trascendió que el titular de la ANDE, Félix Sosa, habría presentado su renuncia al cargo luego de expresar su desacuerdo con el avance de los decretos impulsados por el Ejecutivo. Según las versiones difundidas, el funcionario se habría negado a acompañar la implementación de las medidas, lo que derivó en un escenario de tensión dentro del propio Gobierno.
La decisión de dejar sin efecto ambos decretos es interpretada por distintos sectores como una rectificación por parte del Ejecutivo ante las críticas recibidas y las advertencias formuladas por especialistas, referentes del ámbito energético y actores políticos sobre los posibles riesgos que implicaban estas disposiciones para el manejo estratégico de los recursos energéticos del país.
Con la derogación de los decretos N.º 5306 y 5307, el debate sobre el modelo de aprovechamiento de la energía paraguaya vuelve a instalarse con fuerza, en un contexto en el que persisten las discusiones sobre la necesidad de priorizar el consumo interno, atraer inversiones industriales y garantizar que las decisiones adoptadas en materia energética respondan al interés nacional.