La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) puso en marcha un operativo especial de contingencia ante las condiciones meteorológicas adversas que afectan a gran parte del país, con el objetivo de responder con mayor rapidez a los reclamos por interrupciones en el suministro eléctrico.
La Cámara Baja aprobó un pedido de informes impulsado por el diputado Raúl Benítez para conocer el alcance del programa "Ñande Ahorro 2026", la cantidad de usuarios morosos y el impacto de la iniciativa en la recaudación de la estatal.
En una primera etapa serán reportados 10.000 clientes con seis o más facturas vencidas y deudas superiores a G. 1.500.000. Paralelamente, mantiene vigente el programa "Ñande Ahorro" para facilitar la regularización de pagos.
El acelerado crecimiento del consumo de energía pone en evidencia que las grandes hidroeléctricas, por sí solas, ya no bastarán para acompañar las necesidades del país. Especialistas advierten que Paraguay debe diversificar su matriz energética y acelerar nuevas inversiones para evitar restricciones en el abastecimiento hacia el final de la década.
La estatal concluyó que no es factible acceder a la solicitud de la empresa. El ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, advirtió que una tarifa preferencial equivaldría a un subsidio que pondría en riesgo las finanzas de la institución.
Mientras la ANDE enfrenta una elevada morosidad y miles de familias tienen dificultades para pagar la electricidad, el debate sobre otorgar tarifas preferenciales a grandes industrias extranjeras sigue abierto y pone en discusión si esa política realmente beneficia al país o termina trasladando el costo a todos los paraguayos.
El debate sobre la posibilidad de otorgar tarifas eléctricas preferenciales a grandes industrias volvió a instalarse en la agenda pública.
El Poder Ejecutivo resolvió dejar sin efecto los decretos N.º 5306 y 5307, disposiciones que habían desatado una fuerte controversia en torno al futuro de la política energética del país y que, según diversos sectores, podrían haber tenido consecuencias negativas para los intereses nacionales.
Una fuerte controversia en torno a un régimen tarifario especial para grandes consumidores de energía volvió a instalar tensión dentro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), luego de que gremios de trabajadores advirtieran que el presidente de la estatal, Félix Sosa, estaría evaluando dejar el cargo ante supuestas presiones para aprobar un contrato considerado perjudicial para la institución.
El exdirector y exconsejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Ángel María Recalde, calificó como "ilegales" y "preocupantes" los decretos que establecen beneficios tarifarios para industrias convergentes. Alertó sobre un eventual perjuicio económico para la ANDE y sostuvo que las medidas podrían derivar incluso en responsabilidades penales.
El legislador Raúl Benítez cuestionó el decreto del Ejecutivo y alertó que los costos podrían recaer en la ciudadanía.
El exconsejero de Yacyretá, Ángel María Recalde, alertó sobre contratos a largo plazo con precios por debajo del mercado que podrían trasladar el costo al resto de los usuarios.
Técnicos del sector energético alertan que los nuevos decretos del Gobierno podrían trasladar costos a usuarios residenciales y comercios, en medio de crecientes denuncias por presunta sobrefacturación y facturas de consumo cada vez más elevadas.
La experta Mercedes Canese advierte que el país está malvendiendo su energía limpia a precios irrisorios, subsidiando a grandes corporaciones sin retorno real y desperdiciando su mayor activo geopolítico, justo cuando el mundo encarece la energía y la negociación de Itaipú expone una posición debilitada.
Más de 1,4 millones de usuarios quedaron sin suministro en plena ola de calor, mientras fallas en el sistema dejaron al descubierto la fragilidad de la red eléctrica y pusieron en jaque el discurso oficial que presenta a Paraguay como potencia energética y destino seguro para la inversión.
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