EconomíaAnálisis
El intento del Gobierno de establecer un esquema de tarifas preferenciales para industrias electrointensivas abrió uno de los debates más sensibles sobre la política energética paraguaya en los últimos años. Aunque el presidente Santiago Peña terminó derogando los decretos que regulaban el nuevo régimen tarifario para las denominadas "industrias convergentes", la discusión permanece vigente y enfrenta dos modelos sobre cómo debe aprovecharse la energía producida por el país.
Por un lado, el Ejecutivo sostiene que ofrecer electricidad a precios competitivos es una herramienta necesaria para atraer inversiones millonarias, promover la industrialización y generar empleos. Del otro, ingenieros, exautoridades de la ANDE, especialistas y diversos sectores sociales advierten que esos incentivos podrían traducirse en subsidios indirectos financiados por toda la ciudadanía.
La apuesta del Gobierno
La propuesta oficial buscaba convertir al Paraguay en un destino atractivo para centros de datos, industrias vinculadas a la inteligencia artificial, producción de hidrógeno verde, electromovilidad y otras actividades de alto consumo eléctrico.
La administración de Santiago Peña argumentó que el país dispone de un enorme excedente energético proveniente principalmente de Itaipú y que vender esa energía dentro del territorio nacional genera mucho más valor agregado que exportarla.
El presidente de la ANDE, Félix Sosa, defendió reiteradamente la iniciativa y aseguró que las tarifas propuestas respondían a criterios técnicos y buscaban posicionar al Paraguay como un polo regional para nuevas inversiones.
Las críticas no tardaron en aparecer
La respuesta fue inmediata.
Ex presidentes de la ANDE, ingenieros especializados y organizaciones vinculadas al sector energético cuestionaron que las tarifas ofrecidas fueran demasiado bajas para consumidores de enorme porte.
Uno de los principales críticos fue el ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, quien sostuvo que el país corría el riesgo de comprometer energía estratégica mediante contratos de largo plazo con precios inferiores a los que realmente debería percibir la estatal.
La Unión de Ingenieros de la ANDE y plataformas como "Itaipú Causa Nacional" también denunciaron que el esquema podía convertirse en un subsidio millonario para empresas privadas, principalmente extranjeras, bajo el argumento de atraer inversiones.
Los cuestionamientos no se limitaron al aspecto técnico. También se centraron en el principio de equidad: si la energía de Itaipú pertenece a todos los paraguayos, ¿es correcto utilizarla para beneficiar a un grupo reducido de grandes consumidores mediante tarifas especiales?
Presiones y marcha atrás
La controversia escaló rápidamente hasta el plano político.
En medio de fuertes cuestionamientos surgieron versiones sobre presiones para la salida del presidente de la ANDE, Félix Sosa, aunque finalmente permaneció en el cargo.
Ante el creciente rechazo, el presidente Santiago Peña resolvió derogar los decretos que regulaban las nuevas tarifas para las industrias convergentes.
La decisión calmó momentáneamente la crisis política, pero no modificó el objetivo central del Gobierno de atraer inversiones intensivas en consumo eléctrico. Desde el Ejecutivo insistieron en que la industrialización de la energía seguirá formando parte de la estrategia nacional de desarrollo.
El otro Paraguay: miles de usuarios endeudados
Mientras el país debatía incentivos para grandes industrias, la realidad cotidiana de la ANDE mostraba un escenario completamente distinto.
La institución reconoció que alrededor de 350.000 clientes de baja tensión acumulan cinco o más facturas impagas y que la morosidad continúa siendo uno de los principales desafíos financieros de la empresa pública.
Con el objetivo de recuperar esos recursos, la ANDE lanzó una nueva edición del programa Ñande Ahorro, mediante el cual los usuarios pueden refinanciar sus deudas en hasta 60 cuotas, sin intereses ni recargos.
La estatal busca reducir su índice de morosidad, fortalecer su flujo financiero y recuperar miles de conexiones que permanecen con pagos atrasados.
Un contraste que alimentó el debate
Ese contraste fue precisamente el que terminó instalando la discusión pública.
Mientras cientos de miles de familias enfrentan dificultades para pagar el servicio eléctrico y recurren a planes de refinanciación para evitar el corte del suministro, el Estado analizaba mecanismos para ofrecer condiciones preferenciales a grandes consumidores de energía.
En redes sociales y distintos espacios de opinión surgió una pregunta recurrente: ¿por qué todos los paraguayos deberían asumir el costo de incentivar a empresas multimillonarias cuando miles de hogares apenas logran mantenerse al día con sus facturas?
Los defensores del proyecto responden que esas inversiones generan empleo, impulsan la industrialización y permiten aprovechar mejor la energía que hoy Paraguay exporta a bajo valor.
Los críticos sostienen, en cambio, que los beneficios son inciertos, concentrados en pocos actores y que el eventual retorno económico podría tardar años en llegar, mientras el costo sería inmediato para la ANDE y, eventualmente, para los usuarios.
Itaipú en el centro de la discusión
El debate también volvió a poner sobre la mesa una vieja discusión nacional: cuál debe ser el destino de la energía generada por Itaipú.
Paraguay es uno de los mayores productores mundiales de energía hidroeléctrica limpia y dispone de importantes excedentes de electricidad. Sin embargo, esa abundancia energética convive con una realidad en la que miles de familias tienen dificultades para afrontar el pago mensual del servicio.
Para algunos especialistas, la prioridad debe ser utilizar esa energía para promover el desarrollo industrial y atraer inversiones que transformen la economía.
Para otros, antes de subsidiar el consumo de grandes empresas, el Estado debería garantizar que ese recurso estratégico beneficie directamente a la población mediante tarifas más accesibles, inversiones en infraestructura eléctrica y una mejora en la calidad del servicio.
Un debate que apenas comienza
La derogación de los decretos no puso fin a la discusión. Por el contrario, dejó abierta una pregunta que probablemente volverá a instalarse en los próximos meses, especialmente cuando el Gobierno retome su estrategia de captar industrias electrointensivas.
El desafío será encontrar un equilibrio entre atraer inversiones, preservar la sostenibilidad financiera de la ANDE y garantizar que una de las mayores riquezas del Paraguay beneficie no solo a grandes proyectos empresariales, sino también a los millones de usuarios que cada mes sostienen con sus facturas el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.
