PolíticaFélix Sosa
La versión fue impulsada por dirigentes sindicales, quienes sostienen que el titular de la ANDE se encuentra ante una disyuntiva: avalar un acuerdo cuestionado por sectores técnicos o abandonar la presidencia de la empresa pública. Aunque desde el Gobierno negaron que exista una renuncia presentada, el silencio inicial de las autoridades de la estatal alimentó las especulaciones sobre una crisis interna.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) señalaron que la situación recuerda a la ocurrida en 2019, cuando el entonces presidente de la entidad, Pedro Ferreira, dejó el cargo en medio de la polémica generada por el acuerdo energético firmado con Brasil relacionado a Itaipú.
Según la denuncia sindical, el conflicto actual gira en torno a un contrato vinculado al suministro de energía para proyectos industriales de gran escala que pretenden acogerse a beneficios establecidos en decretos del Poder Ejecutivo. Los gremios sostienen que las condiciones planteadas obligarían a la ANDE a vender energía por debajo de su costo técnico real.
De acuerdo con los cuestionamientos, una de las empresas interesadas en acceder a este régimen especial sería Atome Energy, que proyecta instalar una planta para la producción de hidrógeno y fertilizantes verdes utilizando energía eléctrica de origen renovable. El emprendimiento requeriría una potencia constante de 125 megavatios durante las 24 horas del día.
Los dirigentes sindicales aseguran que la tarifa prevista para este tipo de proyectos se ubicaría en torno a los USD 30 por megavatio hora, mientras que estudios internos de la ANDE estiman que el costo técnico actual supera los USD 44 por megavatio hora. Esa diferencia, afirman, generaría pérdidas significativas para la empresa estatal a lo largo de la vigencia de los contratos.
Las estimaciones más conservadoras hablan de un perjuicio económico de entre USD 150 millones y USD 200 millones para un solo emprendimiento. Otros sectores críticos elevan la proyección y advierten que el impacto acumulado de este esquema podría alcanzar cifras cercanas a los USD 1.000 millones durante los próximos quince años si se incorporan varios proyectos bajo las mismas condiciones.
Además del aspecto financiero, los gremios sostienen que existen cuestionamientos jurídicos sobre los decretos que dieron origen al régimen tarifario especial. Por ese motivo, anunciaron que impulsarán acciones judiciales para buscar la declaración de inconstitucionalidad de las normativas y evitar que entren plenamente en vigencia.
Representantes de distintos sindicatos y asociaciones de profesionales de la ANDE también expresaron preocupación por supuestas represalias internas contra técnicos que habrían emitido informes críticos respecto a la factibilidad económica y legal de los proyectos.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo rechazaron que Félix Sosa haya puesto su cargo a disposición y difundieron imágenes del titular de la ANDE participando de actividades oficiales junto al presidente Santiago Peña y miembros del Gabinete.
Del otro lado de la discusión, Atome Energy defendió el alcance de su proyecto y aseguró que la iniciativa representa una de las mayores inversiones industriales previstas en Paraguay en los próximos años. La compañía estima una inversión superior a USD 665 millones y sostiene que la operación permitirá generar miles de puestos de trabajo directos e indirectos, además de ingresos permanentes para la ANDE.
La empresa argumenta que la producción local de fertilizantes reducirá la dependencia de importaciones, fortalecerá la cadena agrícola nacional y contribuirá al desarrollo de una nueva industria basada en energía limpia. Asimismo, afirma que la totalidad de la producción proyectada ya cuenta con contratos internacionales de compra garantizada.
La controversia surge en un momento particularmente sensible para el sector energético. Paraguay dispone actualmente de una potencia instalada superior a los 8.700 megavatios gracias a Itaipú, Yacyretá y Acaray, mientras avanza el debate sobre cómo aprovechar sus excedentes energéticos para atraer inversiones sin comprometer los ingresos de la ANDE.
En medio de ese escenario, la continuidad de Félix Sosa aparece como una nueva incógnita dentro de una discusión que combina intereses económicos, estratégicos y políticos. Lo que inicialmente parecía un debate técnico sobre tarifas eléctricas terminó convirtiéndose en un conflicto que amenaza con provocar movimientos en una de las instituciones más importantes del país.
