PolíticaMora insostenible
Mientras el Gobierno sostiene su discurso de orden fiscal y cumplimiento macroeconómico, en la práctica arrastra una deuda millonaria con proveedoras de sectores críticos. El frente más delicado está en salud: las farmacéuticas ya advierten cortes de tratamientos oncológicos, biológicos y de alto costo por atrasos que hoy se miden entre US$ 775 millones y más de US$ 800 millones, según el corte utilizado. A eso se suman reclamos de constructoras por US$ 360 millones y de empresas de Hambre Cero por US$ 50 millones, en una crisis de pagos que amenaza medicamentos, obras estratégicas y la alimentación escolar.
El cuadro general ya no puede leerse como un simple atraso administrativo. El propio ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, reconoció esta semana que las deudas con proveedoras superan los US$ 1.060 millones y ratificó que el Ejecutivo no piensa mover la meta de déficit fiscal del 1,5% del PIB. La salida que promete es un esquema de factoring o cesión de deuda para constructoras y farmacéuticas, cuya reglamentación, dijo, estaría lista la próxima semana.
Salud, el corazón de la crisis
Donde la mora estatal pega con más crudeza es en el sistema sanitario. Entre ayer y hoy, gremios farmacéuticos, importadores y voceros del sector redoblaron la alarma: la deuda ya no solo amenaza con desabastecimiento, sino que está provocando interrupciones de terapias esenciales en hospitales públicos. Rocío Figueroa, vocera del sector importador, sostuvo que la deuda asciende a US$ 775 millones y remarcó que ya se están suspendiendo tratamientos, especialmente oncológicos, biológicos y de alto costo.
La magnitud del pasivo varía según el universo que se mida, pero todas las cifras son estremecedoras. En enero, la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos y Afines habló de US$ 814,3 millones verificados con Salud Pública, acumulados durante 14 meses. A fines de enero, Gerardo García, titular de Cifarma, habló de una deuda documentada de US$ 600 millones, con otros US$ 200 millones en camino de ingresar al sistema, lo que llevaba el total a unos US$ 800 millones. El Senado, al aprobar esta semana un pedido de informes a Salud, mencionó US$ 778 millones en concepto de medicamentos, vacunas y servicios tercerizados.
Más allá de la diferencia entre cortes contables, la tendencia es la misma: el sistema compra mucho más de lo que paga. Según el sector, el Ministerio de Salud adquiere en promedio unos US$ 50 millones mensuales en medicamentos, pero abona apenas entre US$ 21 millones y US$ 25 millones por mes. Esa brecha explica por qué la deuda sigue creciendo aunque el Gobierno haga desembolsos parciales.
El drama no se limita a números de escritorio. Los gremios advirtieron que las nuevas disposiciones administrativas impiden pagar adquisiciones que no cuenten con previsión presupuestaria previa, lo que en la práctica bloquea la financiación de muchos tratamientos urgentes. También denunciaron que el Estado no previó cómo cubrir obligaciones derivadas de licitaciones no reguladas y de decisiones judiciales. Solo en amparos judiciales, la deuda rondaría los US$ 130 millones. El resultado, según el propio comunicado empresarial, es una cadena que empieza a romperse: licitaciones desiertas, empresas que dejan de presentarse y pacientes que quedan expuestos a la interrupción de sus tratamientos.
La gravedad institucional del problema quedó expuesta también en el Congreso. El Senado aprobó un pedido de informes para que Salud explique, en un plazo de 15 días, el plan de pagos a proveedoras de medicamentos, vacunas y servicios tercerizados, y detalle qué acciones prevé para evitar que falten fármacos para pacientes oncológicos, terapias intensivas, cirugías de urgencia, kits de parto, inmunizaciones y otros servicios hospitalarios.
Una deuda que ya impacta en la atención médica
La advertencia farmacéutica tiene un peso político y social distinto porque toca la parte más sensible del Estado: la capacidad de responder cuando una persona necesita un medicamento para seguir viviendo. El comunicado de los gremios fue explícito al señalar que Paraguay amplió su red hospitalaria e incorporó tratamientos más complejos, pero sin acompañar ese crecimiento con financiamiento real. Traducido: el sistema promete más de lo que puede pagar y termina trasladando el costo a empresas que ya no pueden seguir financiando al Estado indefinidamente.
Ese es el punto neurálgico. Cuando una constructora deja de cobrar, la consecuencia puede ser una obra paralizada. Cuando una farmacéutica deja de entregar, la consecuencia puede ser un paciente sin quimioterapia, sin medicamento biológico, sin insumo para terapia intensiva o sin droga de alto costo cubierta por orden judicial. Por eso el conflicto sanitario dejó de ser solo presupuestario y pasó a convertirse en una crisis humanitaria en cámara lenta.
Constructoras hablan de quiebra técnica y "default interno"
En paralelo, el frente de infraestructura explotó hoy con un pronunciamiento conjunto de Cavialpa, Capaco y la Cámara Paraguaya de Consultores. Los gremios, que representan a más de 100 empresas, denunciaron que el Estado les adeuda US$ 360 millones y advirtieron sobre una situación de "default selectivo interno". Según Paul Sarubbi, de ese total unos US$ 250 millones corresponden a certificados de obras ya ejecutadas y otros US$ 110 millones a intereses acumulados por la mora.
Las cifras revelan una bomba financiera. Para 2026, el presupuesto de Obras Públicas es de US$ 570 millones, pero solo las obras ya comprometidas para este año ascienden a US$ 800 millones. Si a eso se le suma la deuda acumulada, el déficit real del sector trepa a US$ 590 millones. Los gremios sostienen que muchas empresas están en quiebra técnica y que el impacto ya destruye empleo formal, deteriora la cadena de pagos y compromete infraestructura estratégica.
Sarubbi agregó un dato especialmente incómodo para el Gobierno: al menos US$ 125 millones de la deuda podrían pagarse de inmediato con recursos provenientes de préstamos multilaterales ya disponibles, pero no se liberan por la obsesión de no tocar el tope fiscal. Según esa denuncia, Paraguay incluso paga tasas por esos fondos mientras posterga pagos de obras ya ejecutadas.
La postura oficial, sin embargo, se mantiene firme. Fernández Valdovinos descartó flexibilizar el déficit y ratificó que la solución será nuevamente el factoring. También se informó que, entre enero, febrero y la primera semana de marzo, se realizaron pagos parciales al sector, con desembolsos de G. 285.000 millones en enero, G. 275.000 millones en febrero y G. 200.000 millones en la primera semana de marzo, con expectativa de sumar otros G. 80.000 millones. Pero los gremios consideran esos montos insuficientes frente al tamaño real del bache.
Hambre Cero, el programa estrella que también arrastra mora
El tercer frente es políticamente explosivo porque golpea al programa insignia del Gobierno. El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, admitió que Hambre Cero arrastra una deuda de US$ 50 millones correspondiente al ejercicio 2025. Desglosó que US$ 14 millones corresponden al Ministerio de Desarrollo Social y US$ 36 millones a las gobernaciones que ejecutan el plan.
Rojas prometió que el pasivo sería cancelado durante marzo e incluso dijo que Economía le había indicado que transferiría los recursos antes del 15 de marzo. Al mismo tiempo, dejó en claro que las empresas no pueden dejar de cumplir sus contratos y destacó que, pese a los atrasos, siguen entregando alimentos. El contralor Camilo Benítez reforzó esa línea al afirmar que los niños deben recibir desayuno, almuerzo y merienda todos los días del año escolar, sin que los problemas financieros sirvan de excusa.
Pero el problema viene de más atrás y no es menor. En enero, cámaras empresariales hablaban de una deuda de hasta US$ 100 millones con proveedoras de alimentación escolar. Es decir, aunque el Gobierno asegura que está regularizando pagos y que el presupuesto 2026 está garantizado, el programa siguió funcionando con empresas financiando parte del servicio y esperando cobros que no llegaron en tiempo y forma.
La defensa oficial y el choque con la realidad
El Gobierno intenta mostrar gestión con desembolsos parciales. El 3 de marzo, el MEF informó que pagaría G. 439.412 millones a proveedores del Estado. Dos días después liberó más recursos, y esta semana anunció otros pagos por G. 138.171 millones. La cartera insiste en que las transferencias se realizan de manera sostenida conforme a las solicitudes procesadas.
Sin embargo, la queja de las proveedoras es que esos pagos no alcanzan para revertir la acumulación. Las farmacéuticas sostienen que Salud paga por la mitad de lo que compra. Las constructoras afirman que el dinero liberado no cubre ni de cerca los certificados e intereses pendientes. Y en Hambre Cero, el propio ministro del área reconoce que la deuda existe y que la provisión se mantiene gracias al aguante financiero de las empresas contratadas.
El Gobierno, en otras palabras, paga, pero no paga lo suficiente para salir del pozo. Y mientras la administración defiende la convergencia fiscal como una señal de seriedad, del otro lado crece la idea de que se está consolidando un modelo donde la disciplina macro se sostiene a costa de atrasar pagos internos a sectores esenciales. Esa es la lógica que llevó a constructoras a hablar de "default selectivo interno" y a farmacéuticas a advertir que el sistema de provisión ya se vuelve inviable.
