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El ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, confirmó que la deuda del Estado con empresas proveedoras del programa Hambre Cero asciende a unos USD 50 millones, correspondientes al ejercicio 2025.
En declaraciones a la radio 1020 AM, el secretario de Estado detalló que del total adeudado, USD 36 millones corresponden a compromisos de las gobernaciones y USD 14 millones al Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
"Son USD 36 millones por parte de las gobernaciones y USD 14 millones los nuestros. Entonces son USD 50 millones en total", explicó.
Rojas señaló que la justificación de los atrasos en los pagos corresponde principalmente al Ministerio de Economía y Finanzas, aunque reconoció que la situación está vinculada a las limitaciones de financiamiento del Estado.
"Eso es un tema que le corresponde justificar al Ministerio de Economía, que siempre expresa su dificultad de fuente de financiamiento por el tema del déficit fiscal", sostuvo.
El ministro también indicó que durante los primeros meses de 2025 se registraron serios retrasos en los procesos administrativos de liquidación de pagos, debido a que gran parte de la documentación del programa se manejaba aún de forma manual.
Según explicó, el sistema digital denominado CIAE (Sistema Integrado Alimentario Escolar) comenzó a implementarse plenamente recién a partir de junio, lo que permitió agilizar los procesos de verificación y pago a las empresas proveedoras.
Antes de la digitalización, el proceso implicaba recibir actas de recepción de alimentos de cada escuela en formato papel, con miles de documentos que debían ser revisados manualmente, lo que generó demoras en la tramitación.
Rojas valoró el esfuerzo de las empresas proveedoras que participan en el programa, señalando que muchas de ellas continúan cumpliendo los contratos pese a los retrasos en los pagos.
"Siempre valoro y agradezco el esfuerzo que hacen las empresas, porque cumplen con el contrato y toleran las dificultades de pago", expresó.
El programa Hambre Cero es una de las principales políticas sociales del Gobierno y busca garantizar la provisión de alimentación escolar a estudiantes de instituciones públicas en todo el país.
