PolíticaComisión de Asuntos Constitucionales
La Cámara de Senadores pondrá en marcha esta semana una de las etapas decisivas para la renovación de las autoridades de la Contraloría General de la República. A partir del miércoles 9 de julio, la Comisión de Asuntos Constitucionales iniciará las audiencias públicas de evaluación de los 49 postulantes que aspiran a integrar las ternas para los cargos de contralor y subcontralor del período 2026-2031.
El cronograma, definido por la comisión que preside el senador Javier Zacarías Irún, prevé la comparecencia de diez candidatos por jornada. Durante las audiencias, los aspirantes deberán exponer sus propuestas y responder a las consultas de los legisladores sobre su trayectoria, experiencia y planes para conducir el principal órgano de control de los recursos públicos.
La meta del Senado es concluir el proceso de evaluación y conformar las ternas durante la primera quincena de agosto. Posteriormente, estas serán remitidas a la Cámara de Diputados, que tendrá la atribución constitucional de elegir a las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República.
La convocatoria despertó un amplio interés y cerró con 49 postulaciones. Entre los candidatos figuran el actual contralor, Camilo Benítez, quien busca completar un período constitucional, y el subcontralor Augusto Paiva, además de exlegisladores, abogados, auditores y profesionales de distintas áreas.
El proceso, sin embargo, ya se desarrolla en medio de un intenso debate político. Mientras el oficialismo reivindica la gestión de Benítez y destaca las auditorías realizadas durante su administración, sectores de la oposición cuestionan su desempeño y reclaman que la selección garantice independencia y fortalezca el rol fiscalizador de la institución.
La elección de las nuevas autoridades de la Contraloría será una de las decisiones institucionales más relevantes del segundo semestre, ya que el organismo tiene la misión de controlar la correcta utilización de los recursos públicos, fiscalizar la gestión de los organismos del Estado y promover la transparencia en la administración pública.
