De no aprobarse la Ley, las empresas constructoras tienen el derecho de demandar al Estado, aplicar la tasa de interés estipulada en el contrato, más los interese punitorios, por el tiempo transcurrido, más la tasa de interés por los fondos que se capte para el pago por las obras.
Hasta el momento, el gobierno aumentó el desembolso para el pago a empresas constructoras, equivalente a USD 85 millones y a las empresas farmacéuticas de USD 100 millones, de un total de alrededor de USD 1.000 millones.
El Ministerio de Economía transfirió los primeros fondos al MOPC para pagar a empresas vialeras. La deuda total con proveedores supera los USD 1.300 millones.
El atraso en pagos a proveedoras ya supera los mil millones de dólares y golpea sectores críticos. Farmacéuticas alertan sobre interrupciones de tratamientos en hospitales, mientras constructoras y empresas del programa Hambre Cero reclaman cobros pendientes.
La Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO) salió al paso de las declaraciones del Poder Ejecutivo y negó que exista un acuerdo para saldar la deuda acumulada con las empresas del sector.
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