Un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley que propone crear el SINATAME, establecer reservas estratégicas y reforzar la transparencia en la gestión de fármacos esenciales financiados con recursos públicos.
El atraso en pagos a proveedoras ya supera los mil millones de dólares y golpea sectores críticos. Farmacéuticas alertan sobre interrupciones de tratamientos en hospitales, mientras constructoras y empresas del programa Hambre Cero reclaman cobros pendientes.
Pacientes que padecen enfermedades raras en el país encendieron una señal de alarma al denunciar que numerosos tratamientos están siendo interrumpidos por la falta de medicamentos esenciales.
Asociaciones del sector farmacéutico y de proveedores de salud alertaron que la deuda acumulada y nuevas disposiciones administrativas podrían afectar la provisión de medicamentos y la continuidad de terapias para pacientes en el sistema público.
En el último encuentro plenario de la Comisión Permanente del Congreso (CPC), presidida por el senador Colym Soroka (ANR), fue aprobado un proyecto de resolución "Que pide informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a través del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), sobre la adquisición, utilización y criterios de asignación de los medicamentos Biosimilar/Copia de Pembrolizumab, Bevacizumab y Rituximab".
Muertes evitables, terapias saturadas, ambulancias que no dan abasto y un goteo permanente de denuncias por faltantes: el año dejó a la vista que la salud pública fue el frente más crítico del Gobierno de Santiago Peña, que aun así decidió no mover a su ministra pese a la presión social, gremial y también interna.
El Gobierno de Santiago Peña insiste en que la salud es prioridad dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, pero los números presentados al Congreso muestran otra realidad: apenas un incremento del 2% respecto al presupuesto vigente, recortes en hospitales clave y hasta reducción en programas emblemáticos como el Plan SUMAR.
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