El Ministerio de Salud tuvo aprobado en 2025 un presupuesto de G. 9,7 billones, que con las ampliaciones llegó a G. 9,96 billones. Para el 2026, el Ejecutivo propone G. 10,19 billones. Esto representa un aumento de apenas G. 232 mil millones, es decir, cerca del 2% más que lo vigente.
Para legisladores de la oposición, este porcentaje es insuficiente frente a las necesidades de un sistema sanitario colapsado, con hospitales que carecen de medicamentos, insumos y profesionales. "Es imposible que con un 2% más logremos mejorar la atención a la gente", cuestionaron durante la reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto.
Recortes a hospitales emblemáticos
El análisis detallado de las asignaciones revela que algunos de los principales centros asistenciales del país sufrirán recortes directos.
El Hospital Nacional de Itauguá perderá G. 12.150 millones en relación con lo vigente, mientras que el Hospital de Trauma tendrá G. 8.708 millones menos. También se observa una reducción de G. 2.016 millones en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, de G. 1.017 millones en el Hospital de Luque y de G. 484 millones en el Hospital Barrio Obrero.
En términos prácticos, estas reducciones implican menos recursos para hospitales que ya enfrentan una sobredemanda diaria de pacientes. La ministra de Salud, María Teresa Barán, reconoció la situación y anunció que solicitará una adenda al Ministerio de Economía y Finanzas para intentar revertir los recortes, aunque la incertidumbre persiste.
El golpe al Plan SUMAR
Uno de los puntos más cuestionados fue la reducción del presupuesto destinado al Centro Nacional de Prevención y Control de Adicciones, encargado de ejecutar el Plan SUMAR, presentado como una de las banderas del Gobierno en la lucha contra las drogas.
El presupuesto vigente de esta institución es de G. 12.800 millones, pero el proyecto 2026 lo baja a G. 9.454 millones. Esto significa una disminución de G. 3.346 millones, más de un 25% menos.
"¿Cómo puede ser que se hable de prioridad en la lucha contra las adicciones mientras se desfinancia al organismo clave para enfrentar este flagelo?", cuestionaron los legisladores opositores.
Contradicciones del discurso oficial
El Gobierno había prometido aumentos salariales focalizados en sectores sociales como salud y educación, con la incorporación de más de tres mil funcionarios sanitarios. Sin embargo, la lectura en el Congreso es que con un aumento global tan bajo no habrá margen real para sostener esa expansión y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los servicios.
Los parlamentarios apuntaron además a la falta de coherencia entre las promesas y la práctica presupuestaria. Mientras el Ejecutivo habla de fortalecer el gasto social, en la realidad los hospitales y programas clave aparecen con recortes.
La gran incógnita: ¿es la salud prioridad?
El debate en torno al PGN 2026 apenas empieza, pero la discusión quedó planteada: ¿es realmente la salud una prioridad para el Gobierno de Santiago Peña?
Con un incremento mínimo del 2%, recortes en hospitales estratégicos y la desfinanciación de programas considerados emblemáticos, legisladores opositores sostienen que la respuesta es negativa. "El discurso oficial habla de prioridad, pero el presupuesto demuestra lo contrario", remarcaron.
En un país donde miles de ciudadanos dependen exclusivamente del sistema público y enfrentan cotidianamente la falta de medicamentos, camas y profesionales, las cifras del PGN 2026 confirman que la salud sigue siendo la gran deuda pendiente del Estado.



