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En la misma causa, Guido Javier Díaz Domínguez fue acusado como supuesto cómplice. Los agentes fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías la apertura de un juicio oral y público para ambos procesados.
La acusación fue promovida por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, integrantes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El requerimiento fue presentado ante el juez Humberto René Otazú Fernández, quien deberá analizar los elementos reunidos durante la etapa investigativa y resolver si el caso es elevado a juicio.
Según la imputación fiscal, Arévalo habría incurrido en conductas que encuadran dentro del tipo penal de cohecho pasivo agravado, mientras que Díaz Domínguez habría tenido participación como colaborador en el mismo esquema investigado por el Ministerio Público.
Entre las principales evidencias mencionadas por la Fiscalía figuran datos obtenidos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio "Lalo" Gomes, además de informes remitidos por compañías telefónicas, documentos proveídos por la Corte Suprema de Justicia, expedientes judiciales y reportes elaborados por distintas dependencias especializadas del Ministerio Público.
Asimismo, los investigadores incorporaron al expediente conversaciones mantenidas a través de la aplicación WhatsApp entre los ahora acusados y Gomes, materiales que fueron extraídos en el marco de otra investigación penal y que, según los fiscales, guardan relación con los hechos atribuidos en esta causa.
Con la presentación de la acusación y el pedido de elevación a juicio oral y público, el proceso ingresa a una nueva etapa judicial en la que las partes deberán exponer sus argumentos ante el juzgado competente, que finalmente determinará si existen méritos suficientes para que el caso sea debatido en un tribunal de sentencia.
