Áreas protegidas, acervo natural supuestamente perpetuado,¿y nueva institucionalidad?

Las áreas protegidas o unidades de conservación son instrumentos que tienen sino todos, la gran mayoría de los países con el fin de salvaguardar muestras representativas de la biodiversidad y entiéndase biodiversidad como las especies que conforman la fauna y la flora, como así también su diversidad genética, y los arreglos que hacen estas especies entre sí, dándole funcionalidad a la naturaleza. Precisamente esa funcionalidad llena de interacciones que estamos aún muy distantes de entender y conocer, y que aún así metemos manos y la afectamos, sin saber exactamente qué es lo que ello implica.

Es como meterse con un bisturí dentro de nuestros cuerpos y comenzar a cortar nervios, músculos, arterias y venas; obviamente que si están allí es porque cumplen un rol (aún amígdalas, el dedo pequeño de pies y mano, el apéndice, los pezones en el hombre, son elementos en nuestro cuerpo que por algún tiempo dudamos en su función; y sin embargo, hoy sabemos qué sí tienen una función y que su extirpación fuera de lugar y tiempo, puede traer complicaciones). En fin, solo esto para afirmar que cuando sacamos el bosque o el pastizal y le cambiamos el uso, no importa si es en un 10% o un 90%, este cambio tiene implicancias en esa funcionalidad.

Lo cierto es que los países ya desde épocas remotas han logrado conservar esta funcionalidad en muestras suficientemente amplias, pero sin dejarlas de usar, ya que en definitiva la naturaleza, entre muchas de sus funciones, es darnos esa oportunidad de recreación, salud, y distracción. Muchas de estas muestras albergadas en las áreas protegidas o unidades de conservación están en zonas remotas, pero también las tenemos en nuestras cercanías, a modo de precautelar los aspectos ambientales importantes. El sistema paraguayo de áreas protegidas fue creado por ley en 1994 y también el Sistema Nacional que en estos momentos fue revisado, actualizado y existe una propuesta con miras a los próximos años, basándonos en las metas que asume el Paraguay para hacerse más sostenible y conservar la biodiversidad.

Siempre me ha preocupado que en las diferentes instancias sociales y económicas del país, estas unidades de conservación parecen no jugar un rol destacado, en muchos casos con problemas de titularidad de la tierra, en otros con conflictos serios de tenencia y superposición de intereses, o hasta esa sensación que se están “reservando” para cuando haga falta (por hidrocarburos, cal, yeso, ripio y otros), o para hacer intentos de satisfacer supuestos campesinos “sin tierra” que invaden propiedad privada o pública, y hasta como tierras “de nadie” para producir cultivos ilegales, o extracción de leña y vida silvestre. Es decir, que para la “sociedad legal” no parecen tener importancia, pero son de extremadamente alto valor para la “sociedad ilegal” o como se llegara a discutir que estas unidades son la “caja chica” para financiar ciertas cuestiones políticas ya que cuentan con total impunidad y la fuerza de la ley parece no llegar allí.

La cooperación internacional ha venido invirtiendo en estas unidades de conservación, sin poder lograr su sostenibilidad, recursos financieros que se dilapidan, o se invierten en acciones que no pueden ni siquiera evidenciarse luego pasado algún tiempo. El uso recreativo de las áreas parece ser insignificante, y el rol del sector privado parece ser inexistente con pocas excepciones, máxime aún cuando el potencial turístico de estas áreas es increíblemente alto. La necesidad de figuras modernas de usufructo y concesiones urge que sea atendida, y proteger a los profesionales, escasos en número y con necesidades imperiosas de capacitación y equipamiento que defienden este acervo natural en nombre de todos quienes habitamos la República.

Aún si discutimos que este sistema alberga algo más del 3% o hasta el 25% de la superficie de la República, es demasiado importante que se hagan las cosas bien y que esa administración de bienes públicos sea adecuada, pertinente, eficiente y sostenibles. Quizás en momento de que empecemos a discutir, mirando otros modelos, una forma diferente de gestionar nuestras áreas protegidas, dándole real valor a la investigación, a la recreación, a la educación ambiental y haciéndolas parte de un sistema nacional ambiental.

Es quizás el momento de comenzar a pensar si todo este acervo natural de bienes públicos podría ser más valorado con una institucionalidad diferente, en donde el Estado mantenga la autoridad pero que se le permita jugar un rol más preponderante a otros sectores, como la Academia, el Turismo, la Industria y el Comercio, y el sector privado a través de alianzas público-privadas. Imagino una institucionalidad centrada en las Áreas Protegidas de tipo autónomo, autárquico, eficiente, dinámico que albergue los recursos financieros y otorgue sostenibilidad. Pronto cumpliremos 30 años de un sistema que decae, mientras otros sistemas a nivel mundial se fortalecen y juegan un rol clave en el desarrollo, aquí todavía estamos lejos de dar sostenibilidad a las áreas protegidas, a excepción, claro de ciertos casos, que no necesariamente están bajo el liderazgo del sector público tradicional.