Ley de reforma policial y pulseada de fuerzas

“Reforma y modernización de la Policía Nacional” es la nueva ley promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo y que es rechazada debido a los supuestos “superpoderes” que tendrán ahora los agentes policiales. Alegan que la normativa es inconstitucional y que quitará atribuciones que corresponden solo al Ministerio Público. Cuestionan también que algunos artículos se contraponen a las funciones de las Fuerzas Armadas.

Con la vigencia de esta reforma, la Policía Nacional podrá iniciar una investigación con la sola orden proveniente de la Comandancia Nacional. Algunos detractores comparan la nueva normativa con la que regía durante el régimen militar. Sin embargo, desde el Ejecutivo alegan que no será un trabajo de investigación que reste o quite atribuciones a la Fiscalía, sino más bien como un trabajo principal desde el lugar de los hechos en el momento del crimen o delito que luego será profundizado por el Ministerio Público.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional en su artículo 175 DE LA POLICÍA NACIONAL, esta es una institución profesional, no deliberante, obediente, organizada, con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación.

Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos. La ley reglamentará su organización y sus atribuciones.

La reforma de la ley policial se da con el fin de poder hacer frente al crimen organizado, grupos armados ilegales y la criminalidad común. No obstante, una normativa con una laguna o contraposición de poderes o funciones entre una institución y otra podría resultar peor el remedio que la enfermedad.

La promulgación de la “modernización” de ley policial sería una medida tal vez apresurada del Ejecutivo a fin de brindar una respuesta ante la ola de inseguridad existente, pero podría ocasionar nuevamente una supremacía de “superpoder” de un ente sobre otro, o bien caer en lo mismo de siempre, la excesiva burocracia de pasar por una a otra institución para obtener un rápido resultado y que no sean lesionados los derechos constitucionales reconocidos al ciudadano.