La nueva guerra fría

El surgimiento de las organizaciones criminales transnacionales es un fenómeno que acompaña a la globalización, trasciende las categorías de amenazas que se consideraban durante la Guerra Fría, en razón de que los diferentes grupos criminales sustituyen a los Gobiernos en el proceso de toma de decisiones, sin que la sociedad pueda percibir su accionar, y en el supuesto que lo haga, difícilmente pueda identificar a los actores responsables.

Esta semana, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió al ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, con el objetivo de ampliar la cooperación para la lucha contra delitos trasnacionales. Además, se informó sobre el desarrollo de operativos conjuntos con Brasil para la expulsión de criminales de alta peligrosidad, así como para el ataque a estructuras del crimen organizado y al tráfico de armas. También se crearán grupos de trabajo para el intercambio de información contra la trata de personas y el tráfico de vehículos robados entre ambos países.

Argentina envió a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó que llegó a un acuerdo con sus pares de Paraguay y Brasil para realizar una auditoría de gestión del Comando Tripartito, conformado por la policía de los tres países en la Triple Frontera, con el objetivo de fortalecer la lucha para combatir el crimen organizado.

Desde El Nacional ya se advirtió que nuestro país enfrenta el riesgo de sufrir la pérdida de su soberanía ante el avance de actividades de las organizaciones criminales, que, indefectiblemente, se están constituyendo en el poder paralelo. La forma de enfrentar este flagelo es designando al frente a personas capacitadas, con instituciones fortalecidas, con fuerzas públicas comprometidas y blindadas “al narco” a la tentación de figurar en las nóminas de pago mensuales de dichas estructuras crimínales; y, a través de alianzas internacionales, lograr fuerzas e instituciones de inteligencia y armadas transnacionales, de este modo se combate la delincuencia organizada que trasciende fronteras.

Si Paraguay, Argentina y Brasil se unen -como bien lo anunciaron esta semana las autoridades de los respectivos países- para combatir seriamente este flagelo, los criminales perderían fuerzas, pudiendo ser eliminados desde sus matrices. Por qué no pensar en un Supraorganismo del Mercado Común del Sur (Mercosur), y trazar una línea de cooperación a nivel gubernamental conjunta.

El Paraguay debe adecuar su normativa, sus instituciones y su voluntad. También se debe realizar un férreo control a las candidaturas en los partidos; no se realizó el control del financiamiento desde el inicio de la democracia. La falta de estos mecanismos a lo largo de la transición nos lleva a esto que ocurre. Debemos aliarnos en el combate contra las organizaciones delictivas con Estados cuyos objetivos sean iguales a los nuestros para enfrentar esta nueva amenaza.

Nuestro país ya ha tenido casos de magnicidio de autoridades en funciones, como el caso del secretario Antidrogas, Gral. Ramón Rosas Rodríguez, del vicepresidente Dr. Luis María Argaña y, en la actualidad, el asesinato el fiscal Marcelo Pecci, si bien, en los primeros dos casos nunca hubo pruebas que permitieran llegar a los autores intelectuales -e, incluso, la veracidad sobre los autores materiales está en discusión-, todo indica que poderosas organizaciones criminales estuvieron detrás.

La guerra contra el crimen organizado, hasta hoy en Paraguay, la ganan los grupos delictivos. Esperemos que estas nuevas acciones anunciadas mitiguen este mal, urge una reorganización de las instituciones, que se actualice la legislación y la política criminal y se enfrente a los mismos con la firmeza requerida para disuadir, inhibir y acabar con este flagelo que actualmente nos amenaza, pone en riesgo la soberanía, la vida de las personas, sus economías y va destruyendo la moral nacional.