César Garay solicitó una medida preventiva ante la gravedad de los hechos, mientras la Corte asegura que ya existen suspensiones y sumarios en curso.
El consenso apunta a que el límite legal se determine sobre el ingreso neto del trabajador.
Pedro Coronel sostuvo que la presencia de personas señaladas en el esquema enseñando en una universidad nacional afecta a miles y cuestionó la falta de una solución estructural al problema.
La investigación del Ministerio Público sumó un nuevo episodio al caso conocido como la mafia de los pagarés con la imputación de una ex jueza de Paz de Luque, junto a una actuaria judicial, un ujier notificador, un oficial de Justicia, un abogado vinculado a una firma privada y dos personas que habrían actuado como testigos.
Parlamentarios reclamaron mayor celeridad en auditorías, sumarios y medidas de protección a las víctimas, al tiempo que expresaron preocupación por la continuidad en el ejercicio profesional de abogados bajo investigación.
La intervención del ministro Santander Dans marca un punto clave en la manera en que la Corte Suprema busca abordar los escándalos que afectan la credibilidad de la abogacía en el país.
La máxima instancia judicial recordó que la Ley 7614/25 rige desde el 31 de diciembre y que no requiere reglamentación. Instó a los jueces a aplicarla de forma inmediata y a los afectados a denunciar incumplimientos.
Teresa Pane exige justicia ante lo que consideran un esquema de endeudamiento fraudulento que derivó en embargos salariales, descuentos automáticos y sentencias dictadas sin conocimiento previo de los demandados.
El presidente Colym Soroka, anunció este martes que el tema será tratado como primer punto del orden del día y advirtió que la falta de acción del máximo tribunal perjudica principalmente a trabajadores de bajos ingresos.
Ignacio Iramain afirmó que existen causales suficientes para avanzar con el proceso impulsado por las víctimas y calificó a la Corte Suprema como "pusilánime" y carente de coraje frente al poder político.
La promulgación de la ley que busca frenar los juicios ejecutivos irregulares vinculados a la denominada "mafia de los pagarés" no cierra, para las víctimas, el capítulo de responsabilidades institucionales.
Organizaciones de afectados presentaron una solicitud formal ante la Comisión Permanente para que se convoque a una sesión extraordinaria que permita debatir, sin más dilaciones, los proyectos de ley vinculados al esquema de cobros irregulares.
El Senado resolvió aplazar nuevamente el estudio de la propuesta legislativa que busca que los pagarés retornados a manos de los acreedores deban ser entregados al deudor cuando este culmina el pago, además de fijar sanciones para quienes se nieguen a cumplir con esa obligación.
Nuevas denuncias apuntan a direccionamientos, privilegios y uso indebido de fondos dentro del ente. La firma en cuestión es Amaral & Asociados.
Un reporte presentado por el senador Rafael Filizzola detalla miles de embargos irregulares en distintos juzgados del país. Docentes y funcionarios públicos figuran entre los principales afectados.
