PolíticaJudiciales
La fiscala Liz Medina atribuye a los sospechosos la presunta comisión de prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso, además de testimonio falso.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, las irregularidades se habrían producido durante la tramitación de un juicio ejecutivo impulsado por la empresa Comaco SRL. La sospecha central apunta a que se habrían incorporado al expediente constancias de notificaciones que, en realidad, no se habrían diligenciado. A partir de esos informes, el abogado de la firma solicitó medidas procesales y el avance del trámite judicial.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la actuaria habría comunicado a la entonces magistrada que las notificaciones fueron realizadas y que la parte demandada no compareció a reconocer su firma. Con base en esos reportes, la jueza ordenó la prosecución del proceso. Posteriormente, incluso la resolución que disponía el avance del juicio habría sido objeto de una notificación igualmente cuestionada.
La investigación también sostiene que el oficial de Justicia habría asentado como cumplidas intimaciones de pago y diligencias de embargo, así como otras comunicaciones procesales, todas supuestamente efectuadas en la ciudad de Luque. Sin embargo, para el Ministerio Público, tales actuaciones no se habrían concretado en la forma señalada en los documentos.
Pese a la presunta irregularidad de las notificaciones, el abogado demandante habría impulsado el dictado de autos para sentencia de remate. Finalmente, en octubre de 2015, la entonces jueza dictó sentencia ordenando la ejecución y el remate, con el refrendo de la actuaria judicial. La fiscala considera que la magistrada habría tenido conocimiento de que las diligencias previas no se realizaron efectivamente.
El caso forma parte del entramado más amplio que investiga un esquema de utilización irregular de pagarés para promover juicios ejecutivos con base en actuaciones presuntamente viciadas, lo que derivó en miles de procesos cuestionados a nivel nacional. En este contexto, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva mientras avanza la causa.
La causa vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de juzgados de Paz y la actuación de auxiliares de justicia en procesos ejecutivos, en medio de un escándalo que ya generó intervenciones, auditorías y la revisión masiva de expedientes vinculados a la denominada mafia de los pagarés.
