PolíticaCaso de la compra de mobiliario escolar
El Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia presentada por la adquisición de pupitres escolares importados de China por parte de la Itaipú Binacional, al concluir que la investigación no encontró evidencias de sobrefacturación, perjuicio patrimonial ni direccionamiento en el proceso licitatorio. La petición deberá ser analizada ahora por un Juzgado de Garantías, que resolverá si acepta el requerimiento fiscal o dispone la continuidad de la causa.
El fiscal Luis Piñanez explicó que los análisis técnicos realizados durante la investigación permitieron descartar la existencia de un sobrecosto en la operación. Según indicó, el valor pagado por los mobiliarios fue considerado razonable tras compararlo con parámetros de mercado, por lo que no se configuró un daño económico para el Estado.
Respecto a las denuncias de un presunto direccionamiento de la licitación, el representante del Ministerio Público sostuvo que no se encontraron elementos probatorios que permitan sostener la existencia de tráfico de influencias u otro hecho punible. Señaló que, para formular una imputación, deben existir indicios objetivos que acrediten una conducta ilícita, elementos que, según la investigación, no fueron hallados.
La Fiscalía también argumentó que no existió perjuicio patrimonial debido a que los bienes adquiridos fueron efectivamente entregados al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cumpliéndose la contraprestación prevista en el contrato. Además, explicó que no se convocó a declarar a las personas denunciadas porque no existían sospechas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra, aunque sí se recibieron testimonios de funcionarios de Itaipú y de otras instituciones públicas.
El director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, había sido denunciado por supuestas irregularidades en la compra de más de 410.000 conjuntos de mesas y sillas pedagógicas, adjudicada a la firma Kamamya S.A. por un monto superior a G. 310.670 millones. Los fiscales Luis Piñanez, Luz Guerrero y Christian Benítez sostienen que las diligencias realizadas no permitieron reunir elementos suficientes para impulsar una imputación.
No obstante, el caso continúa generando debate público debido a los cuestionamientos formulados desde distintos sectores sobre el proceso de adquisición y la calidad del mobiliario distribuido en instituciones educativas.
