PolíticaAnálisis sobre el caso Villa Oliva
La muerte de Federick Nahuel Cáceres Sosa, de 22 años, durante un procedimiento policial en la zona de Villa Oliva, y la posterior imputación de ocho agentes por homicidio doloso, volvió a instalar el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y los desafíos pendientes en materia de seguridad pública.
Para la exministra de Justicia Cecilia Pérez, el caso trasciende las responsabilidades individuales que deberá determinar la Justicia y obliga a analizar si existen fallas estructurales en la formación policial, en los protocolos de actuación y en la propia política de seguridad implementada por el Estado.
"Es un asesinato en manos del Estado, de organismos del Estado. Aquí lo importante es entender que la Policía tiene un manual de uso de las fuerzas en el cual se regula y en qué condiciones se va a hacer uso de la fuerza, en este caso armas de fuego", comentó en entrevista con el diario El Nacional.
Pérez destacó que la Comandancia de la Policía Nacional haya reconocido que existió un procedimiento irregular, al considerar que constituye una señal de prudencia institucional. Sin embargo, cuestionó que se intente justificar el desenlace por el hecho de que la víctima no se haya detenido en una barrera policial.
"Uno no puede pretender justificar que porque una persona no se queda en una barrera policial eso habilite a que se la acribille o sea asesinada", afirmó.
A su criterio, el caso de Alberdi evidencia una aparente transgresión a esos protocolos y abre una discusión sobre si existe una cultura institucional que no prioriza suficientemente el respeto a las reglas del uso progresivo de la fuerza.
"Tenemos que hacer una autocrítica seria", sostuvo, al advertir que la víctima estaba desarmada, no había cometido ningún hecho punible ni era buscada por la Justicia, circunstancias que, según señaló, agravan lo ocurrido.
Formación policial
Uno de los principales cuestionamientos de Pérez apunta a la preparación de los efectivos policiales. Consideró que la incorporación acelerada de nuevos agentes en los últimos años, a través de procesos de formación abreviados, pudo haber generado funcionarios con escasa capacitación para afrontar situaciones críticas.
"La inclusión masiva de formación de personal policial a medias como se han llamado a estos últimos policías express", criticó.
Explicó que un policía con preparación insuficiente puede terminar actuando por imitación o siguiendo decisiones de otros compañeros sin conocer plenamente el marco legal que regula el uso de la fuerza.
"Cuando la formación no está tomada con seriedad se generan situaciones graves tanto para los propios policías como para la ciudadanía", manifestó.
A su entender, la profesionalización de la institución debe comenzar desde el proceso de selección de aspirantes, con perfiles más exigentes y una formación integral que garantice conocimientos jurídicos, técnicos y operativos suficientes antes de asumir funciones.
Las barreras policiales
La exministra también consideró que el caso vuelve a poner en evidencia un problema recurrente: la falta de confianza ciudadana hacia los controles policiales.
Se preguntó por qué muchas personas optan por no detenerse en una barrera y afirmó que esa conducta también responde al temor generado por hechos de corrupción, extorsiones o incluso casos en los que delincuentes simularon controles policiales para cometer asaltos.
En ese contexto, planteó que las instituciones deben responder interrogantes que permanecen abiertos: si las barreras cumplen con los requisitos legales, si fueron comunicadas previamente al Ministerio Público y bajo qué criterios son instaladas.
"Hay una desconfianza hacia las instituciones y eso también tiene que ser una autocrítica antes que reclamar a un ciudadano que no se queda en una barrera", señaló.
¿Un problema estructural?
Para Pérez, el episodio de Alberdi refleja una problemática más profunda dentro del sistema de seguridad.
Afirmó que existe una cultura de recurrir constantemente a barreras policiales ante la falta de estrategias modernas de investigación criminal y sostuvo que el Estado debe revisar esos mecanismos para evitar que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.
En su análisis, insistió en que la seguridad ciudadana no puede descansar exclusivamente en controles sobre rutas, sino que debe fortalecerse mediante inteligencia, investigación y mejores herramientas de prevención.
Asimismo, consideró indispensable reforzar la formación de los agentes, mejorar las condiciones salariales para incentivar la profesionalización y cerrar espacios que favorezcan prácticas de corrupción dentro de la institución.
La política de seguridad
Como parte de las reformas, Pérez propuso revisar exhaustivamente los protocolos de actuación policial y aprovechar la experiencia de oficiales retirados con trayectoria para fortalecer la capacitación de las nuevas generaciones.
"Hay personas muy bien preparadas dentro de la Policía y también oficiales retirados que pueden aportar su experiencia en la formación de nuevos agentes", sostuvo.
A su criterio, el caso Alberdi debe convertirse en una oportunidad para revisar la política de seguridad del Estado, fortalecer el respeto a los protocolos de uso de la fuerza y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger a la población, evitando que hechos similares vuelvan a repetirse.
