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La Cámara Alta aprobó una declaración en la que insta al Ministerio del Interior a esclarecer plenamente lo ocurrido y a revisar los protocolos de actuación policial para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Durante la sesión, senadores oficialistas y de la oposición coincidieron en que el caso no puede quedar sin respuestas y advirtieron que la credibilidad de las instituciones de seguridad dependerá de la transparencia con que se lleve adelante la investigación. Además de exigir responsabilidades, varios legisladores cuestionaron el manejo político de la seguridad pública y la conducción del Ministerio del Interior.
El senador Carlos Núñez Agüero fue uno de los más críticos con la gestión del ministro Enrique Riera. Sostuvo que la estrategia implementada en la Policía Nacional no ha producido los resultados esperados en materia de seguridad y expresó su preocupación por lo que considera una creciente concentración de poder dentro del Ministerio del Interior. Incluso planteó interrogantes sobre el rumbo institucional adoptado por la cartera de Estado y advirtió que el Partido Colorado podría sufrir un costo político si no corrige la actual conducción del sistema de seguridad.
El legislador también cuestionó la pérdida de protagonismo de la Comandancia de la Policía Nacional y afirmó que la autoridad del comandante se ha visto debilitada frente a las decisiones del ministro. A su criterio, el esquema vigente alteró el equilibrio dentro de la institución policial mientras la delincuencia continúa generando preocupación ciudadana.
Desde la oposición, el senador Éver Villalba sostuvo que ninguna muerte ocurrida durante un procedimiento policial puede ser considerada un hecho normal. Señaló que, de confirmarse las versiones conocidas hasta el momento, corresponde determinar si los efectivos actuaron conforme a los protocolos establecidos y si el uso de la fuerza fue proporcional a las circunstancias del operativo. Asimismo, insistió en la necesidad de revisar los mecanismos de formación y capacitación de los agentes para evitar nuevos episodios de violencia institucional.
Por su parte, el senador Mario Varela manifestó que el Estado tiene la facultad legítima de ejercer la fuerza para garantizar el orden público, pero remarcó que esa atribución debe desarrollarse siempre dentro de los límites que establecen la Constitución y las leyes. Indicó que no corresponde emitir conclusiones anticipadas mientras continúan las investigaciones, aunque enfatizó que las autoridades tienen la obligación de esclarecer completamente los hechos. Agregó que, si finalmente se comprueba que se trató de un caso de gatillo fácil, deberán establecerse las responsabilidades correspondientes, tanto por respeto a la familia de la víctima como para preservar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.
Con la declaración aprobada, el Senado exhortó formalmente al Ministerio del Interior a impulsar una investigación transparente que permita reconstruir el procedimiento desarrollado en Alberdi y determinar si existieron irregularidades en el accionar policial. Los legisladores coincidieron en que el esclarecimiento del caso será determinante para fortalecer la confianza pública y garantizar que el uso de la fuerza por parte del Estado se ajuste estrictamente a la legalidad y al respeto de los derechos fundamentales.
