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Pedro Coronel, miembro de la Coordinadora de Víctimas de la denominada "Mafia de los pagarés", expresó su profunda decepción y repudio ante la presencia de personas señaladas como implicadas en el esquema de embargos irregulares que actualmente se desempeñan como docentes en una universidad nacional, a la que calificó como "la más prestigiosa del país".
Coronel apuntó específicamente al exujier Heber Cardozo, a quien describió como "uno de los repartidores de las notificaciones voladoras e implicado de la mafia de los pagarés que afectan a miles de compañeros". Según afirmó, el hecho de que continúe formando a futuros abogados y políticos representa un "golpe psicológico grande" para las víctimas.
"Es un golpe psicológico grande que estas personas tengan ese privilegio y que formen a futuros abogados, futuros políticos", sostuvo. En esa línea, remarcó el impacto educativo y simbólico que implica la situación. "Los profesores tienen influencia, proyectan imágenes y esta es la imagen que proyecta y es la enseñanza que se da. La enseñanza, muchas veces se da desde la práctica y desde el ejemplo de vida y eso es lo que tenemos hasta ahora", agregó, según Megacadena.
El representante de la coordinadora también cuestionó la falta de una respuesta integral al esquema denunciado. "Se sigue descontando. Lo que hacen ellos, y cuando digo ellos es la mafia, que está integrada por las autoridades, es atender caso por caso, casos de los que se mueven", expresó, al señalar que no existe una solución estructural para todos los afectados.
Asimismo, denunció que las reuniones mantenidas con autoridades generan expectativas que luego no se traducen en cambios de fondo. "Salen algunas expectativas, nos quedamos quietos y ellos siguen. Pero nosotros no somos tontos, ahora ya entendemos la táctica de ellos y no nos vamos a quedar quietos", advirtió.
En cuanto a la magnitud del problema, Coronel indicó que, según datos propios de la coordinadora, existen aproximadamente 17.000 personas afectadas. Sin embargo, mencionó que un informe estadístico de la Comisión de Investigación del Senado eleva la cifra a 35.000 víctimas.
"No hay una política, no hay una intención real de que esto se solucione, porque hay juicios producidos en masa y dentro de esa proporcionalidad debe haber solución", concluyó.
