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La convocatoria está prevista para este miércoles, coincidiendo con una jornada de exámenes en la que Cardozo Areco debía tomar pruebas a estudiantes de la carrera. Los organizadores sostienen que su presencia en aulas universitarias resulta incompatible con las acusaciones que pesan en su contra y reclaman a las autoridades académicas su suspensión inmediata mientras avanzan las investigaciones.
Además del apartamiento, los manifestantes exigen que la institución disponga una auditoría interna para esclarecer las condiciones en que el funcionario continúa desempeñándose como docente. Consideran que mantenerlo en funciones envía un mensaje equivocado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía, especialmente tratándose de una facultad encargada de formar futuros profesionales del Derecho.
El abogado Jorge Rolón Luna, quien acompaña a varias de las víctimas del caso, ya había cuestionado públicamente la situación del exujier, señalando que su estilo de vida no guardaría relación con los ingresos que percibía como funcionario judicial. Esas publicaciones reavivaron el debate sobre el alcance del presunto esquema y las responsabilidades individuales.
Desde la Coordinadora también apuntan a lo que califican como "falta de reacción institucional", al considerar que la permanencia del docente investigado refleja tolerancia o indiferencia ante un caso que afectó a cientos de ciudadanos. En sus pronunciamientos sostienen que permitir que una persona vinculada al esquema continúe enseñando materias vinculadas al funcionamiento del Estado erosiona la credibilidad académica.
El caso de la llamada "mafia de los pagarés" generó múltiples denuncias por supuestos embargos irregulares y maniobras que habrían perjudicado económicamente a numerosas personas. En ese contexto, las víctimas insisten en que la universidad debe tomar una postura clara y preventiva mientras la Justicia determina responsabilidades.
La movilización busca visibilizar el reclamo y presionar a las autoridades para que adopten medidas concretas. Los organizadores anticiparon que no permitirán que el caso quede en el olvido y que continuarán con acciones públicas hasta obtener respuestas institucionales.
