PolíticaDenuncia
La presión social por el caso conocido como la mafia de los pagarés volvió a instalarse con fuerza en el ámbito legislativo. Organizaciones de afectados presentaron una solicitud formal ante la Comisión Permanente para que se convoque a una sesión extraordinaria que permita debatir, sin más dilaciones, los proyectos de ley vinculados al esquema de cobros irregulares, la situación de las víctimas y la posibilidad de impulsar un juicio político contra integrantes de la máxima instancia judicial.
La nota fue entregada por representantes de la Coordinadora de Víctimas, quienes consideran que el tiempo transcurrido sin respuestas agrava el daño sufrido por miles de personas atrapadas en procesos judiciales cuestionados. Según plantearon, el Congreso no puede mantenerse al margen de un conflicto que, a su criterio, dejó al descubierto fallas estructurales del sistema de justicia y vulneraciones a derechos básicos garantizados por la Constitución.
Desde la Coordinadora advirtieron que el funcionamiento del Poder Judicial se encuentra seriamente comprometido. Su vocero, Pedro Coronel, afirmó que la gravedad del caso obliga a una reacción inmediata del Legislativo, al tratarse de una crisis que afecta uno de los pilares de la democracia. En ese marco, apuntó directamente a la Corte Suprema de Justicia, señalando que las denuncias existentes ya no pueden ser tratadas como hechos aislados.
Uno de los elementos que más indignación genera entre las víctimas es la reunión reservada que habrían mantenido ministros del máximo tribunal con el presidente Santiago Peña y referentes del oficialismo, entre ellos el titular de la ANR, Horacio Cartes. Para los denunciantes, ese encuentro profundizó la desconfianza ciudadana y alimentó la percepción de una justicia sometida a intereses políticos.
Si bien aún no se produjo una reunión directa con el presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka, los voceros del movimiento sostienen que existe expectativa de que el pedido sea admitido. Recordaron que el propio legislador se mostró públicamente abierto a analizar una eventual intervención de la Corte, siempre que el proceso avance por los carriles institucionales.
En paralelo a la presentación legislativa, la Coordinadora anunció una jornada de movilización que denominaron "expedición de la justicia perdida". La iniciativa prevé el desplazamiento de víctimas desde distintos puntos del país hacia juzgados de Asunción y del departamento Central, con el objetivo de localizar expedientes que, según denuncian, permanecen paralizados o desaparecidos. De forma simultánea, otro grupo se manifestará frente al edificio del Congreso para visibilizar el reclamo.
Para los afectados, la búsqueda de esos documentos simboliza la falta de respuestas del sistema judicial y el abandono institucional que dicen padecer desde hace años. Con esta nueva ofensiva, esperan que el Congreso deje de postergar el debate y asuma un rol activo frente a un escándalo que, lejos de cerrarse, sigue sumando denuncias y tensión social.
