El Gobierno definió una hoja de ruta para implementar la nueva normativa de protección de datos personales, con foco en institucionalidad, adaptación empresarial y estándares internacionales. El desafío: pasar de la ley al cumplimiento real.
La promulgación de la nueva ley de datos personales instala un avance en derechos digitales, pero también abre la puerta a un retroceso histórico en transparencia: el polémico artículo 24 permite restringir información pública clave y alimenta el temor de que el Gobierno utilice la privacidad como escudo para blindar la gestión estatal.
El ministro Gustavo Villate calificó la normativa como un "hito" para el país, señalando que se basa en el consentimiento expreso del ciudadano y en estándares de la OCDE. Aseguró que la ley llena un vacío histórico en la defensa de un derecho fundamental.
El Senado aprobó la ley de datos personales con un artículo que, según críticos, limita el acceso a la información y refuerza la ofensiva del oficialismo contra la transparencia, tras eliminar la Secretaría Anticorrupción, destrozar la ley de puertas giratorias, liquidar la de conflicto de intereses y convertir la Contraloría en un simple adorno.
El Senado aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Datos Personales, una normativa ampliamente cuestionada por diversos sectores sociales por elevar los obstáculos para la transparencia estatal y el acceso ciudadano a la información pública.
El Senado se apresta a resolver este miércoles cuál será la versión definitiva de la Ley de Protección de Datos Personales, una normativa clave que busca establecer límites al uso, almacenamiento y difusión de la información privada de los ciudadanos.
El Senado tiene en agenda el proyecto de protección de datos personales. La Cámara de Diputados ratificó una versión que introduce límites al derecho de acceso a la información pública; la Cámara Alta llega con dictámenes y señales políticas para volver a su redacción "más garantista". Organizaciones y especialistas advierten que un artículo clave podría "matar" la Ley de Acceso vigente si no se corrige.
El bloque cartista volvió a trabar el avance del proyecto de ley de protección de datos personales al impedir que la Comisión de Legislación emitiera su dictamen.
El Senado definirá esta semana el polémico proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, que introduce mecanismos capaces de bloquear el acceso a la información pública y debilitar el control ciudadano sobre el uso de los recursos del Estado. Organizaciones como TEDIC advierten que, de aprobarse en su versión actual, la normativa consolidará un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La Cámara de Senadores decidió finalmente no someter este miércoles a debate el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.
El presidente de la Cámara Alta, Basilio "Bachi" Núñez, anunció que el proyecto de ley de Protección de Datos Personales será tratado nuevamente en el Senado con el objetivo de ratificar la versión aprobada por este cuerpo legislativo.
En una decisión que marca un quiebre histórico para la transparencia estatal, la Cámara de Diputados se ratificó en su versión del proyecto de ley de protección de datos personales, desoyendo las advertencias sobre sus efectos. El texto, impulsado con mayoría oficialista, introduce mecanismos que paralizan el derecho ciudadano a conocer cómo se administra el dinero público.
Con 43 votos favorables de diputados del cartismo y de sus afinidades, la Cámara Baja ratificó la versión del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, lo que en los hechos implica la desactivación de las normativas existentes sobre transparencia y acceso a la información.
Por octava vez, la Cámara de Diputados vuelve a incluir en su orden del día el proyecto de ley de protección de datos personales, una iniciativa que desde agosto permanece estancada entre aplazamientos, falta de debate y un evidente desinterés político.
Diputados enfrenta hoy la responsabilidad de corregir un proyecto vital. Postergar nuevamente significaría jugar con dos derechos fundamentales: la privacidad y la transparencia. Si no asumen su rol, el costo será alto: una ley imperfecta, sancionada por omisión, que podría blindar la opacidad en lugar de garantizar un verdadero equilibrio entre la intimidad y el acceso a la información pública.
