PolíticaLey de Datos
La decisión del presidente Santiago Peña de promulgar la Ley N° 7.593/2025 de Protección de Datos Personales, tras cuatro años de debate legislativo, marca un avance largamente esperado en materia de derechos digitales, pero con un costo evidente: reaviva el riesgo de un retroceso en el acceso a la información pública. El polémico artículo 24, que habilita la posibilidad de negar o limitar pedidos de datos obrantes en fuentes públicas, transforma la norma en un instrumento ambiguo. Promete mayor privacidad para los ciudadanos, pero también puede blindar a funcionarios y a contratos financiados con dinero del Estado.
Una ley celebrada por el Ejecutivo, cuestionada por especialistas
Desde el Ejecutivo se presentó la promulgación como el cierre de un vacío normativo en la protección de datos personales y como la adopción de estándares modernos alineados con buenas prácticas internacionales. El Gobierno sostiene que la nueva ley otorga derechos efectivos sobre la información propia y crea un marco más seguro para el tratamiento de datos. Sin embargo, organizaciones civiles, especialistas en transparencia y sectores de la oposición advierten que el texto final incorpora un mecanismo capaz de erosionar las leyes de acceso a la información pública. La tensión entre privacidad y transparencia quedó resuelta a favor de una redacción que, según críticos, deja un amplio margen de discrecionalidad para negar datos de interés público.
Cuatro años de idas y vueltas en el Congreso
El proyecto de ley fue presentado en mayo de 2021 con el objetivo de crear un marco integral de protección de datos en un país que ya había derogado su legislación crediticia previa. Su tratamiento legislativo avanzó lentamente entre comisiones, postergaciones y presiones contrapuestas. En 2024 y 2025 tomó nuevo impulso, impulsado por organizaciones que reclamaban una normativa moderna. En paralelo, entidades defensoras del acceso a la información advirtieron que se estaban insertando cláusulas dirigidas a limitar el escrutinio ciudadano. La Cámara de Diputados dio la primera sanción en mayo de 2025 y luego el Senado introdujo modificaciones, enviando el texto nuevamente a Diputados. El punto de conflicto siempre fue el artículo 24. Finalmente, el Senado sancionó la ley el 5 de noviembre de 2025 con un margen mínimo, y Peña la promulgó el 27 de noviembre sin atender los pedidos de veto.
El artículo 24, corazón de la polémica
El artículo 24 establece que el acceso a información en fuentes públicas podrá ser negado o limitado cuando resulte necesario para evitar un perjuicio concreto a la protección de datos personales. En teoría, plantea un mecanismo de ponderación entre intereses privados y el interés público. En la práctica, abre un margen amplio de interpretación para negar documentos que hoy se entregan de forma rutinaria. El riesgo, según especialistas, es que la administración utilice la protección de datos como excusa para resistir solicitudes incómodas, obligando a los ciudadanos a sostener litigios largos y costosos.
Transparencia bajo amenaza
Las advertencias más severas apuntan a que el artículo 24 podría ser utilizado como un cerrojo para información clave en investigaciones periodísticas: nóminas de funcionarios, salarios, contrataciones públicas, legajos, antecedentes disciplinarios, viajes oficiales, listas de beneficiarios e incluso declaraciones juradas de bienes. Muchos de los mayores escándalos de corrupción y nepotismo expuestos en la última década se destaparon gracias a datos que, bajo la nueva ley, podrían ser negados invocando privacidad. Para organizaciones de transparencia, la redacción aprobada amenaza con trabar el derecho ciudadano a controlar cómo se utilizan los recursos del Estado.
Una autoridad de datos con poder y dudas sobre su independencia
La ley crea una Autoridad de Protección de Datos Personales encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa, dictar lineamientos y sancionar a organismos públicos y privados. Sobre el papel, se trata de una estructura necesaria para el funcionamiento del sistema. Pero la discusión se centra en su independencia real, el método de designación de sus autoridades y el riesgo de que termine capturada políticamente. Si la entidad queda bajo influencia del Poder Ejecutivo o de mayorías circunstanciales, podría transformarse en un órgano que actúe de manera selectiva, persiguiendo a críticos en lugar de garantizar el respeto a la privacidad.
Peña desoye el pedido de veto y apuesta a la reglamentación
Durante el tratamiento parlamentario, referentes opositores pidieron al presidente un veto parcial o total, alegando incompatibilidad con el artículo 28 de la Constitución, que consagra el derecho ciudadano a recibir información veraz y oportuna sobre la gestión pública. La advertencia fue clara: sin cambios de fondo, la norma sería un retroceso histórico en materia de transparencia. Pese a ello, Peña promulgó la ley y el Gobierno insiste en que las preocupaciones serán atendidas mediante la reglamentación. Sin embargo, la reglamentación no puede corregir choques entre normas de igual jerarquía ni neutralizar por completo una cláusula ambigua. Cualquier directriz podría ser modificada por futuras administraciones menos comprometidas con la transparencia.
Lo que está en juego
Con la promulgación de la nueva ley, Paraguay obtiene un marco integral de protección de datos personales, un avance que era imprescindible. Pero la inclusión del artículo 24 abre la puerta a un cambio profundo en la relación entre el Estado y la ciudadanía. De ahora en adelante, cada pedido de información sensible sobre salarios, contrataciones, beneficiarios o patrimonio de autoridades podría depender del criterio de una autoridad administrativa que decidirá qué pesa más: la privacidad invocada o el derecho ciudadano a saber. La inevitable judicialización será lenta y desigual, y en ese camino podría consolidarse una cultura de opacidad amparada en el discurso de protección de datos. La gran incógnita es si este nuevo marco legal convivirá con el modelo de Estado abierto construido en la última década o si será recordado como el punto de inflexión en el que la privacidad se utilizó para volver a cerrar las cortinas del poder.
