La exministra Cecilia Pérez advirtió que las violaciones a las leyes de transparencia podrían quedar prácticamente impunes ante la falta de claridad sobre qué institución debe fiscalizar y sancionar a organismos públicos que se niegan a entregar información, en medio de la creciente polémica por los datos ocultos en Yacyretá.
Durante la séptima Cumbre IDForo Asunción 2025, referentes internacionales y autoridades locales subrayaron la importancia de la cooperación entre la Unión Europea, el Mercosur, el sector privado y la academia para consolidar marcos regulatorios modernos, promover la ciberseguridad y ampliar la confianza digital.
La promulgación de la nueva ley de datos personales instala un avance en derechos digitales, pero también abre la puerta a un retroceso histórico en transparencia: el polémico artículo 24 permite restringir información pública clave y alimenta el temor de que el Gobierno utilice la privacidad como escudo para blindar la gestión estatal.
La reforma de la directiva de servicios de pago (PSD2) busca ofrecer mejores herramientas contra el fraude, aumentar la transparencia en las comisiones y promover la innovación tecnológica en el sector, pero necesita aún el visto bueno formal del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para su adopción definitiva y posterior entrada en vigor.
El Senado aprobó la ley de datos personales con un artículo que, según críticos, limita el acceso a la información y refuerza la ofensiva del oficialismo contra la transparencia, tras eliminar la Secretaría Anticorrupción, destrozar la ley de puertas giratorias, liquidar la de conflicto de intereses y convertir la Contraloría en un simple adorno.
El Senado decidió suspender sin plazo el tratamiento del proyecto de ley que busca establecer un marco legal para la protección de los datos personales en Paraguay.
El Senado tiene en agenda el proyecto de protección de datos personales. La Cámara de Diputados ratificó una versión que introduce límites al derecho de acceso a la información pública; la Cámara Alta llega con dictámenes y señales políticas para volver a su redacción "más garantista". Organizaciones y especialistas advierten que un artículo clave podría "matar" la Ley de Acceso vigente si no se corrige.
El Senado definirá esta semana el polémico proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, que introduce mecanismos capaces de bloquear el acceso a la información pública y debilitar el control ciudadano sobre el uso de los recursos del Estado. Organizaciones como TEDIC advierten que, de aprobarse en su versión actual, la normativa consolidará un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La Cámara de Senadores decidió finalmente no someter este miércoles a debate el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.
El presidente de la Cámara Alta, Basilio "Bachi" Núñez, anunció que el proyecto de ley de Protección de Datos Personales será tratado nuevamente en el Senado con el objetivo de ratificar la versión aprobada por este cuerpo legislativo.
El oficialismo en el Senado buscará aprobar la versión de la Ley de Protección de Datos Personales que, según sus impulsores, garantiza la privacidad sin mutilar el derecho ciudadano al acceso a la información pública.
En una decisión que marca un quiebre histórico para la transparencia estatal, la Cámara de Diputados se ratificó en su versión del proyecto de ley de protección de datos personales, desoyendo las advertencias sobre sus efectos. El texto, impulsado con mayoría oficialista, introduce mecanismos que paralizan el derecho ciudadano a conocer cómo se administra el dinero público.
Diputados enfrenta hoy la responsabilidad de corregir un proyecto vital. Postergar nuevamente significaría jugar con dos derechos fundamentales: la privacidad y la transparencia. Si no asumen su rol, el costo será alto: una ley imperfecta, sancionada por omisión, que podría blindar la opacidad en lugar de garantizar un verdadero equilibrio entre la intimidad y el acceso a la información pública.
El proyecto de ley sobre protección de datos personales vuelve a escena este martes en la Cámara de Diputados, generando una fuerte controversia por su potencial impacto sobre las normativas que garantizan el acceso ciudadano a la información pública.
El oficialismo está a un paso de convertir en política de Estado lo que siempre fue una maniobra de gobernaciones y municipios para evadir controles. Puentear a la Contraloría no moderniza el Estado; lo deja sin guardián.
