La moción fue presentada por el senador Natalicio Chase, quien argumentó que el documento requiere una revisión más exhaustiva antes de ser sometido nuevamente a consideración del pleno.
La postergación deja en pausa una normativa largamente esperada por la ciudadanía, en un contexto donde el manejo de información privada, como datos biométricos, financieros o médicos, carece de una regulación moderna. Sin embargo, la controversia actual gira en torno a uno de los artículos incorporados en la versión aprobada por la Cámara de Diputados, que —según expertos y organizaciones civiles— podría poner en jaque la Ley de Acceso a la Información Pública.
Ese punto en particular generó divisiones dentro del Congreso, ya que algunos legisladores consideran que la nueva normativa podría usarse como argumento para restringir el acceso ciudadano a documentos públicos bajo el pretexto de la "protección de datos". Otros, en cambio, defienden que ambos marcos legales pueden coexistir sin conflicto si se establecen límites claros entre la información pública y la privada.
Por el momento, no existe una fecha definida para retomar el debate, lo que deja en suspenso un proyecto considerado clave para actualizar la legislación nacional frente a los desafíos de la era digital.
