PolíticaLey de datos
La propuesta regresará al Senado, que deberá aprobarla con mayoría calificada de dos tercios (30 votos) para convertirla en ley; esa instancia podría terminar avalando la versión considerada más "suave".
La sesión fue exprés: en apenas cinco minutos se cerró el trámite sin debate sustancial. Solo Rocío Abed, jefa de bancada de Honor Colorado, intentó exponer algo de argumentación, aunque sin dirigirse directamente al fondo de la cuestión. La única diputada que manifestó una oposición clara fue Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), quien alertó sobre el efecto real que este proyecto tendría sobre la transparencia estatal.
De aprobarse la versión sancionada por la Cámara Baja, quedarían prácticamente anuladas la Ley 5.189/14 y la Ley 5.282, referentes fundamentales para el acceso ciudadano a la información pública y el uso de datos del Estado. Bajo la nueva normativa planteada, riesgos como la restricción al acceso a nóminas del personal estatal, viajes oficiales pagados por fondos públicos y otros documentos ligados a la gestión quedarían prácticamente fuera del escrutinio ciudadano.
El proyecto originalmente buscaba delimitar cuándo podría negarse información pública: según la versión contemplada en el Senado, esos casos solo estarían justificados si el daño al interés reservado es mayor que el beneficio público, y no podrían rechazarse datos ya públicos o reconocidos por leyes vigentes. Pero la versión aprobada por Diputados elimina muchas de esas salvaguardas.
Con este avance, queda sobre la mesa una interrogante que vuelve a tensar el debate: ¿cuánto interés tiene el Poder Ejecutivo en realmente transparentar su gestión? Y ¿hasta qué punto los legisladores afines están comprometidos con ese objetivo o con su versión maquillada? Ahora toda la atención se traslada al Senado, que tiene la última palabra.
